Guerra de cifras, versiones contradictorias y (probablemente) interpretaciones interesadas de una o ambas partes. En una esquina del ring, el PP y su poderoso directo al mentón: entre 2008 y lo que va de 2013, el gasto en alquileres de las consejerías y agencias de la Junta creció un 20,53% (12,14 millones más, hasta un total de 387). Mal asunto cuando la Biblia es la austeridad. En el otro extremo del cuadrilátero, la Consejería de Hacienda y Administración Pública y su gancho corrector: en realidad, desde 2009 esos costes han caído un 21,9%, desde 2010 se han liberado 74.000 metros cuadrados en arrendamientos (alrededor de 18 millones) y apenas el 3% del patrimonio inmobiliario de la Junta permanece en desuso por razones de antigüedad.

Las peleas parlamentarias entre Jaime Raynaud (PP) y la consejera Carmen Martínez Aguayo han sido recurrentes en los últimos tiempos. Independientemente de las cifras y los porcentajes, los populares acusan al Ejecutivo andaluz de carecer de una política seria y transparente en la gestión del inmenso patrimonio de la Junta. Exigen un inventario de todos sus bienes en régimen de propiedad, alquiler y cesión. Alertan de que en los Presupuestos autonómicos se incluyen como ingresos cantidades que dependen de futuras e inciertas ventas. Y critican que Agesa (Empresa Pública de Gestión de Activos) y Sogefinpa (Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial) sean meras herramientas de "trilerismo" contable.

En su comparecencia a principios de mes ante la Cámara regional, Aguayo lanzó el siguiente contraataque: la Dirección General de Patrimonio prepara un plan de reubicación del que aún no se conocen detalles y que debería suponer un ahorro de otros 10 millones. La Consejería, titular del 63% de los inmuebles de la Junta, predica con el ejemplo: le corresponden 11.000 de los 74.000 metros cuadrados podados en alquileres. En el Plan Económico-Financiero 2011-1013 se preveía obtener 676 millones con la venta de patrimonio, pero la crisis económica obligó a actualizar el plan para el periodo 2012-2014, rebajando esa optimista cantidad inicial hasta 350. "Esa operación de sale and leaseback [el propietario vende pero sigue disfrutando de lo vendido como arrendatario] no la hemos podido materializar (...). Cuando estaba prácticamente acabado todo el procedimiento, los inversores con interés, por causas que yo no puedo explicar, se echaron atrás", argumentaba Aguayo el pasado 4 de abril. Este periódico ha pedido a su Departamento, sin éxito, información sobre el plan de reubicación, el número de metros cuadrados desocupados en poder de la Junta, las funciones exactas de Agesa y Sogefinpa, y las razones del desfase entre las cifras sobre alquileres ofrecidas por el PP y las opuestas por el PSOE.

Son muchos los ejemplos que a juicio de la oposición ilustran la ausencia de rigor y espíritu sistemático en la Junta. La inmensa mayoría de la deuda histórica se cobró en especie: 784 millones en solares repartidos por la región y actualmente en el limbo. En Málaga está el antiguo edificio de Correos, de 11 plantas, 15.656 metros cuadrados construidos y un valor catastral de 19 millones. Sigue vacío. Cádiz colecciona terrenos en la Ronda de Vigilancia (6.613 metros cuadrados) y en la calle Santo Entierro de San Fernando (675), además de un chalé en la avenida Cayetano del Toro de la capital (2.107). El PP calcula que sumando esos espacios podrían construirse más de 132 VPO.

En Sevilla languidecen los solares de la ronda del Tamarguillo y el barrio del Juncal (suman 24.800 metros cuadrados) y los cuarteles de Eduardo Dato (32.455). Almería aporta al desierto las inmensas parcelas de El Toyo (más de 3 millones de metros cuadrados) y la Plaza de Carabineros (3.600). Granada la Azulejera (4.350) y Jaén la prolongación de la avenida de Madrid (1.394). Córdoba y Jaén no recibieron nada del Estado.

Cuando la atención se fija en Sevilla, la ciudad que más sedes de la Junta acoge en su condición de capital, el despropósito crece. Pese a que Patrimonio dispone de 299 inmuebles valorados según el PP en 8.052 millones, el Gobierno no ha dejado de construir. El edificio multiusos de los Bermejales, al que se trasladarán varias consejerías y agencias, ha costado 65 millones y dispone de 50.817 metros cuadrados. La nueva sede de IDEA en La Cartuja añade otros 11.000 metros, 20 millones gastados y 143 plazas de garaje. El edificio Sacrificio, en construcción, cuenta con un presupuesto de 60 millones. La rehabilitación de la antigua Escuela de Artes y Oficios, casi finalizada, era en principio el destino de la delegación de Turismo, pero hoy se ignora quién acabará allí.

La Consejería de Salud invierte en alquileres 207.000 euros al año; el SAS 5,89 millones; la de Justicia más de 6.000 euros al día; y Economía y Empleo 4,4 millones. Este último es el caso más hilarante y paradigmático: la Agencia de Defensa de la Competencia está en la avenida de la Borbolla; IDEA en Torneo; el SAE en Hytasa; Invercaria en Nuevo Torneo; Extenda en Madame Curie; la Agencia Andaluza de la Energía en Isaac Newton; Andalucía Emprende en Graham Bell; y el Instituto de Estadística en Leonardo da Vinci.