Si la votación del dictamen del grupo de trabajo sobre financiación autonómica fuera hoy, cien parlamentarios andaluces estarían en condiciones de pulsar el botón verde que muestra su apoyo al texto. Al menos es lo que se deduce de la reunión que cerró los trabajos de este organismo -el pasado martes-, donde PSOE, Podemos e IU lograron sacar adelante su propuesta con el apoyo postrero del PP. Los cuatro partidos se congratularon por un acuerdo del que sólo se salió Ciudadanos, pero el texto todavía debe pasar por la Comisión de Hacienda y Administración Pública del próximo viernes. Allí se abordará el documento original, pero también los votos particulares de los cinco grupos.

Los votos particulares son propuestas a las que los partidos no renuncian, pero que han quedado fuera del pacto, lo apoyen o no. Ciudadanos, que se ha desmarcado del texto, anunció su discrepancia hace meses y la ha mantenido tras votar no al dictamen la semana pasada. Pero lo llamativo es que IU y PP, que sí apoyaron el acuerdo, han registrado hoy sus votos particulares y son radicalmente opuestos. Es algo lógico, si se tiene en cuenta que el grupo de trabajo ha culminado con un acuerdo -"de mínimos", según los populares- que ha reunido a todo el espectro político de Andalucía, salvo al centro liberal que representa el partido de Albert Rivera.

El PSOE y Podemos decidieron no presentar votos particulares. Los socialistas son los principales precursores de este consenso, pues fue la propia Susana Díaz quien ideó el grupo de trabajo. Y en la formación morada están muy satisfechos por cómo han ido las negociaciones. "Nuestro modelo está en ese documento. No hay nada que enmendar", revelaron fuentes de Podemos.

La tercera pata del acuerdo de financiación fue IU, que sí tiene algo más que aportar. La federación de izquierdas cree necesario que el dictamen debería incluir un compromiso explícito para intentar derogar el artículo 135 de la Constitución. Su intención es revertir la reforma de la Carta Magna que, a petición de Bruselas, hizo prevalecer el pago de la deuda sobre la inversión pública. El partido que lidera Antonio Maíllo también apuesta por una reforma fiscal "lograr mayor progresividad y aumentar el tamaño de la cantidad a distribuir, sustituyendo un techo de gasto por un suelo de ingresos".

En ninguna de sus dos propuestas encontrará el apoyo del PP. En sus votos particulares rechazan la creación de un fondo de sostenibilidad para financiar los servicios públicos en momentos de crisis. La razón es que, en la actual situación económica, supondría un aumento de la deuda que no están dispuestos a afrontar por su defensa de la estabilidad financiera.

También descartan que la solución para acabar con la infrafinanciación de Andalucía sea aumentar el porcentaje de impuestos que el Estado cede a las regiones para sufragar el coste de las competencias que dependen de las autonomías. Según los populares, el grupo de expertos en financiación rechaza la alteración "de la cesta de impuestos cedidos", por lo que sus propuestas fiscales se centran en eliminar el impuesto del Patrimonio y bonificar el de Sucesiones. De hecho, el PP lamenta que la competencia del Gobierno socialista para fijar el tributo a las herencias "ha ocasionado un agravio fiscal" a los andaluces.

El PP no ha dejado pasar la ocasión de incluir en sus 23 votos particulares un recordatorio de que fue el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero quien aprobó el sistema vigente con el beneplácito de José Antonio Griñán desde San Telmo. Defienden además que la aplicación de modelo realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido más beneficiosa para Andalucía que la de su antecesor.

No todo es discrepancia entre estos aliados poco habituales. El PP sí recoge entre sus matizaciones al dictamen un rechazo explícito al statu quo actual, que fomenta las desigualdades entre regiones. E incluso han incluido un apoyo explícito a la reforma de la financiación local que permita a los ayuntamientos emplear el superavit tras reformar la regla de gasto. Hay que recordar que esta fue una restricción impuesta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para contener el gasto en los momentos más duros de la crisis.