La defensa de Rafael Ricardi, recientemente excarcelado tras cumplir 13 años de prisión por una violación que no cometió, aseguró que no descarta pedir responsabilidades al Estado cuando el Tribunal Supremo pronuncie la sentencia definitiva del caso.

La abogada de Ricardi y miembro de Asociación pro Derechos Humanos (APDH-A), Antonia Alba, explicó que continúan "a la espera" de la sentencia firme del Supremo en la que "ponga claramente que es totalmente inocente" y que está "en situación de libertad definitiva". Una vez se produzca, advirtió que se plantearán "pedir responsabilidades al Estado porque es lo mínimo", apostilló.

El Tribunal Supremo será, por tanto, el encargado de revocar la condena de 36 años de cárcel que fue impuesta a Rafael Ricardi en 1996 por una violación ocurrida en 1995 en El Puerto de Santa María y que no cometió. Rafael Ricardi abandonó la cárcel de Topas (Salamanca) el pasado 25 de julio, tras serle concedido el tercer grado penitenciario.