Una defensa ha pedido a la Audiencia de Sevilla que aclare si las autoridades que concedieron las ayudas de los ERE y los beneficiarios que las recibieron pueden ser enjuiciados por separado, dado que en su opinión "no cabe imaginar el enjuiciamiento separado de coautores de prevaricación y malversación", es decir, un juicio para los funcionarios y autoridades -los autores principales- y en otro juicio los particulares -autores por inducción como extraneus-.

Así lo explica el abogado José María Calero, que defiende a José Antonio Gómez Romón -el ex futbolista Pizo Gómez, imputado en la pieza de Cenforpre-, en un escrito remitido a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, a la que pide que aclare un reciente auto en el que desestima el recurso de apelación presentado contra la decisión de la juez de procesar a varias personas en relación con el pago de 491.424,43 euros.

La petición de aclaración se produce después de que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, haya sido apartado del proceso en aplicación del criterio fijado por la Audiencia de que los ex altos cargos enjuiciados en la pieza del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE no pueden ser juzgados en las distintas piezas de la macrocausa, porque ese juicio engloba todos los hechos por los que puede ser juzgado.

El abogado José María Calero defiende ahora que si el ex consejero es juzgado en la pieza del "procedimiento específico" por unas resoluciones referidas a los pagos a Cenforpre y debe responder civilmente o no de la cantidad de 491.424,43 euros, "no es posible entender de que modo podría acusarse separadamente a mi mandante como coautor de esas mismas resoluciones o, como podría solicitar el fiscal otra vez, la misma cantidad ya solicitada en otro juicio, sin invadir el ámbito de lo racionalmente incomprensible, jurídicamente inviable sin romper la continencia de la causa y económica, ejemplo palmario de una pretensión de enriquecimiento injusto por reclamación duplicada de una misma cantidad", aunque en este punto tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han renunciado a exigir la responsabilidad civil.

El letrado concluye que si los hechos referidos a Cenforpre que se juzgan en la pieza política son "los mismos" para el ex consejero Antonio Fernández, también lo deberían ser para el ex futbolista Pizo Gómez. Que su cliente no haya sido acusado en el procedimiento político no altera, según esta defensa, que estos hechos siguen siendo los mismos, y eso "ni autoriza ni puede justificar la división en dos juicios de unos mismo hechos, estableciendo una suerte de segunda oportunidad de la acusación para evacuar idénticas pretensiones sobre los mismos hechos y sobre sujetos pasivos distintos".

En este sentido, añade que "no cabe imaginar el enjuiciamiento separado de coautores de prevaricación y malversación: en un juicio los funcionarios y autoridades (autores principales) y en otro juicio los particulares (autores por inducción como extraneus)".

Una petición similar planteó el abogado Juan Carlos Alférez cuando pidió a la juez María Núñez Bolaños el archivo de la causa contra uno de los beneficiarios de una de las ayudas, al considerar que tras la decisión de la Audiencia de aplicar el non bis in ídem a los ex altos cargos no es posible juzgar por separado a los solicitantes de las mismas.