Las dos estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Bollullos y Almonte (Huelva) continúan sin estar operativas. Esta vez, por el último enfrentamiento que mantienen las administraciones autonómica y central. Entre tanto, el detritus que generan las poblaciones de Almonte, Bollullos y Rociana continúa llegando sin depurar a Doñana a través del arroyo del Partido, en medio de la estupefacción e indignación de ecologistas y autoridades europeas.

Fuentes del Gobierno central han explicado que en el momento del traspaso de competencias sólo restaba rematar las infraestructuras haciendo frente a una inversión cercana a los 150.000 euros, coste que. como sostienen esas mismas fuentes, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encontraba en perfectas condiciones de asumir". El problema radica -enfatizan- "en que la Junta adeudaba en el momento del traspaso de competencias 7,1 millones a la empresa constructora", una filial del grupo Abengoa, extremo que no ha confirmado la consejería de Medio Ambiente, que no se ha pronunciado. De aquel importe, 5,1 millones fueron satisfechos hace unos meses "gracias al plan de pago a proveedores para las comunidades autónomas puesto en marcha por el Gobierno". Sin embargo, el problema se encuentra enquistado, según esas fuentes, en una modificación ejecutada sin contratar por parte de la empresa con la Junta (cuyo coste se cifra en los dos millones restantes) y que, en consecuencia, no pudo satisfacerse con cargo al plan de proveedores.

Desde el Gobierno central se asegura que "el contratista rechaza continuar la obra, al menos hasta que la Junta no salde la deuda". Ante esta situación la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado una ronda de negociaciones que tiene como fin subrogar el contrato para rematar la obra y poner en servicio de inmediato las depuradoras. Todo ello sin menos cabo de las negociaciones que pueda mantener el contratista con la Junta para el cobro de las modificaciones del proyecto ejecutadas cuando gozaba de las competencias.

Toda esta polémica llega a raíz del fallo del Tribunal Constitucional de anular el artículo 51 del Estatuto de Autonomía mediante la cual la Junta se agenciaba las "competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir". Hasta entonces y durante la segunda legislatura de Zapatero, concretamente en 2006, el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (MARM) declaró de Interés General sendas EDAR, licitándolas por 10 millones.

Sin embargo, una vez puestas las obras en marcha, la aprobación en 2007 del Estatuto de Andalucía llevó aparejado el primer traspaso de competencias al Gobierno andaluz. Con ello llegaron los contratiempos y una sempiterna demora en los plazos de ejecución que se arrastrarían hasta nuestras fechas. No en vano, en 2010 las subcontratas encargadas de las obras se amotinaron paralizando las obras en protesta contra los impagos de Befesa, empresa que, a su vez, acusaba a la Junta de no liquidar las certificaciones de obra. El entonces delegado de Medio Ambiente negó este extremo y achacó dichos retrasos a problemas "técnicos".

Sea como fuera, lo cierto es que en proporción a los retrasos el coste de la obra no dejaría de incrementarse. Durante la presentación del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana el consejero del ramo, Juan José Díaz Trillo, elevó la inversión en sendas EDAR en 15 millones, aunque no supo explicar a qué obedecía este incremento.

La EDAR de Almonte dispone de un caudal máximo de pretratamiento de 607 metros cúbicos y 464 en el reactor biológico. Son cifras que duplican a las de Bollullos. Ello obedece no sólo a la mayor densidad demográfica del municipio marismeño sino a que esta primera planta tratará las aguas negras de los 7.400 habitantes de Rociana del Condado, que se suman a los 17.000 que residen en el núcleo matriz del municipio marismeño.