Los presidentes de las diputaciones andaluzas en las que gobierna el PSOE (Sevilla, Huelva y Jaén) han hecho un frente común, ante la paralización de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para exigir al Gobierno de la nación que flexibilice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a destinar el superávit de sus cuentas a la amortización de la deuda bancaria. Entre las tres, suman 87 millones de euros por ese concepto, que quieren destinar a planes de emergencia social, empleo e inversiones.También exigen al Ejecutivo que apruebe un PER o plan de empleo extraordinario para Andalucía -como ha hecho con Extremadura y Canarias- que compense la mala campaña de los cítricos y el olivar, a la que se ha unido la de los frutos rojos en Huelva.

Los dirigentes socialistas admitieron que, con la reunión y comparecencia pública de ayer, escenificaban además su "repulsa" por la "ausencia" de la FAMP, que, como están haciendo otras o la Federación Española de Municipios, debería estar liderando esas reivindicaciones y luchando contra la reforma de la administración local que ha planteando el PP y que supondrá una "involución" en la descentralización y en el papel de los ayuntamientos, los menos culpables del déficit público y los que han atendido los "problemas de verdad de la gente", destacaron.

La renovación de los órganos de la FAMP está bloqueada por el PP, que asumió la Presidencia tras la renuncia del alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Los presidentes de las diputaciones socialistas acusaron al partido de mantenerla "muda" adrede y censuraron que, en ese interés partidista, el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, "contraprogramara" incluso el acto de ayer en la Diputación de Sevilla, convocando otro con los presidentes de las diputaciones del PP a la misma hora.

En cuanto al uso que darían al superávit si el Ministerio de Hacienda modifica la ley y eleva el techo de gasto, el presidente onubense, Ignacio Caraballo, avanzó que los 17 millones que quedarían libres en su Diputación irían a un plan de empleo para los ayuntamientos, a atención a familias en "emergencia social" y a inversiones en los 875 kilómetros de carreteras de la provincia, e incidió en la idea de que "sólo con recortes no se va a salir de la crisis, que hay que ayudar a los ciudadanos".

El presidente de Jaén, Francisco Reyes, que dispondría de 30, los destinaría a carreteras y a más inversiones en los pueblos y anunció que, aunque la ley no se cambie, no amortizará préstamos para tener que pedirlos luego a mayor interés; pondrá el dinero a plazo fijo. Reyes anunció además que llevarán a los tribunales los casos de jornaleros a los que se les está denegando el subsidio del PER porque no llegan a 20 peonadas, en contra de los compromisos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El presidente sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, tiene previstos además de planes de empleo y carreteras, otro de maquinaria y de incentivos a pequeñas empresas en Sevilla con los 40 millones de superávit con los que se cerró el presupuesto de 2012.