La defensa de Alonso presentará un recurso de reforma contra la decisión del TSJA. El ex consejero, ahora diputado autonómico del PSOE, acogió con "agrado y satisfacción" que el juez haya descartado el posible delito de malversación. La defensa considera que los nombramientos se hicieron al amparo del artículo 73.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y sostiene que lo que el juez ve como "un deliberado torcimiento de la normativa relativa a los nombramientos de personal eventual" es una interpretación "discutible" de esa norma.

La defensa insiste en que en la administración pública se pueden reasignar funciones como hizo el ex consejero en el Centro Andaluz de Flamenco y en la Filmoteca de Andalucía, lo que a su juicio ampara el Estatuto Básico del Empleado Público, y considera que esas decisiones son frecuentes en otros ámbitos, como en la Guardia Civil. "Puede existir desacuerdo en si se puede aplicar esa norma o no, otra cosa es que se trate de un delito de prevaricación", afirmó la defensa.

Entre tanto, Ciudadanos pedirá toda la documentación relativa a la causa contra Alonso y si entiende que se trata de un caso de corrupción política exigirá al PSOE que abandone su acta de diputado en el Parlamento conforme a lo acordado en el pacto anticorrupción. C's resaltó que actuará "como hemos hecho siempre" en estos casos.