Caso de los ERE

Un directivo de Primayor admite que se incluyó en un ERE y siguió trabajando

  • El ex director de Empleo Javier Guerrero se acoge a su derecho a no declarar ante la juez Núñez

Javier Guerrero, ex director de Empleo de la Junta, llega este jueves a la Audiencia de Sevilla. Javier Guerrero, ex director de Empleo de la Junta, llega este jueves a la Audiencia de Sevilla.

Javier Guerrero, ex director de Empleo de la Junta, llega este jueves a la Audiencia de Sevilla. / Raúl Caro / Efe

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El que fuera jefe de personal de la empresa Primayor, sucesora de Cárnicas Molina, Luis Sobrino, admitió este jueves que él mismo se incluyó entre los prejubilados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la empresa subvencionado por la Junta aunque siguió trabajando para la compañía.

Luis Sobrino declaró como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción 6, María Núñez Bolaños, por la pieza separada sobre las ayudas de la Junta a los sucesivos ERE presentados por Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y su sucesora Primayor, en una jornada en la que estaba citado también el ex sindicalista Juan Lanzas –llamado el “conseguidor” de los ERE– aunque no apareció ni comunicó nada al juzgado.

Tampoco acudió el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, aunque en este caso sí lo hizo su abogada para explicar que su cliente se encuentra actualmente excluido de esta pieza. Por su parte, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero sí compareció aunque se acogió a su derecho a no declarar.

Luis Sobrino explicó que en todas las negociaciones sobre el ERE de Primayor participaban Lanzas y el abogado Carlos Leal –que también declaró ayer como investigado–, a quien por orden de César Breña (consejero delegado de la empresa, ya fallecido) remitió el listado de trabajadores con la antigüedad en la empresa y la edad prevista para incluirlos en un ERE. Relató que en 2005 hubo una reunión en Sevilla con Guerrero, la empresa y el comité de Primayor donde el ex director de Trabajo dijo que se iba a hacer un ERE financiado por la Junta de Andalucia y se firmó un protocolo para ello.

Declaración de Carlos Leal

Por su parte el abogado Carlos Leal declaró que trabajó en la tramitación del ERE de Hamsa, a donde llegó de la mano del actual director general de Innovación Javier Castro, donde el Ministerio comprometió ayudas para la mayoría de las prejubilaciones mientras que las de cinco trabajadores que quedaron se llevaron en Andalucía con ayudas comprometidas por la Junta a las que la Intervención puso reparos. Ya para Primayor explicó que tramitó para los trabajadores las ayudas estatales a la reposición de desempleo cuando agotaron el subsidio del paro.

En ambos casos aseguró que sus honorarios fueron pagados por la asociación de trabajadores afectados y no por la Junta, aunque ha reconocido que éstos le abonaban con las subvenciones públicas que recibían.

También declararon varios prejubilados en los sucesivos ERE de Hamsa y Primayor, quienes han coincidido en que los sindicatos y “un abogado de Sevilla” les obligaron a meter el dinero que les correspondió del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en cuentas del sindicato para poder cobrar las pólizas de prejubilación tramitadas por la mediadora Vitalia.

Aunque ninguno de los investigados pudo identificar a dicho abogado como Carlos Leal, la fiscal hizo constar que en la causa constan cartas de éste solicitando a los prejubilaciones la devolución del dinero cobrado del Fogasa. Uno de los prejubilados, Ramón Portal que trabajó como conductor de camiones en Carnicas Molina, relató que firmó una documentación que les dijeron que era una póliza y al volver de una ruta “nos bajaron de los camiones y dijeron: Ya no venís más”.

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