El ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés Sánchez, ha asegurado este viernesy que para conseguir beneficios con los cursos de formación "hay que incumplir" la ley y ha detallado que la normativa recoge que las ayudas son para "afrontar los costes". 

En su comparecencia ante la comisión de investigación, el ex director general entre el 2010 a 2011 ha contradicho de esta forma la versión ofrecida por el empresario José María Pérez González, vinculado a tres entidades que recibieron fondos de la Junta para formación. 

Este empresario reconoció a finales de marzo en la comisión que parte de la subvención para impartir acciones formativas se destinaba a "beneficio empresarial", llegó a precisar que el beneficio era aproximadamente del "20 % de cada curso" y sostuvo que "por supuesto que no perdía dinero". 

A preguntas de Elena Cortés, de IU, sobre este extremo, Andrés Sánchez ha respondido: "No puede ser. Son subvenciones que no contemplan esa posibilidad, son para financiar el coste (de los cursos) y no cabe beneficio, según la normativa. Para conseguir el beneficio hay que incumplir la ley". 

Imputado en una de las causas abiertas por la justicia en el caso de la formación y exdirigente de Los Verdes de Andalucía, Andrés Sánchez estuvo en el cargo unos trece meses a propuesta del entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, también imputado, situación que ha esgrimido para no contestar a un buen número de preguntas de los comisionados. 

El ex director, que dijo haber dimitido por "motivos personales y de política general", ha negado, tanto al diputado de Podemos, Juan Ignacio Moreno, como a la de Ciudadanos, Marta Bosquet, haber recibido instrucciones sobre la formación tanto del exconsejero como del expresidente José Antonio Griñán. 

También ha dicho que no detectó irregularidades durante su etapa al frente del cargo, aunque sí ha admitido su "sorpresa" por la decisión de la Junta de paralizar la formación en 2013. 

No obstante, ha detallado que realizó un diagnóstico para homogeneizar los criterios de los cursos, pero ha dicho que desconoce "si todos han funcionado", si bien ha reconocido que "hay que ampliar el control de los gastos en las memorias justificativas" de los expedientes. 

Pese a las advertencias de la Cámara de Cuentas en sendos informes de 2004 y 2013, Andrés Sánchez ha reducido estas circunstancias a "recomendaciones contables y no a irregularidades". 

Teresa Ruiz, del PP, le ha interpelado sobre su firma en la liquidación a la empresa Peluquerías Galvez de una subvención de 500.000 euros "sin cumplir" los objetivos de contratación, se ha limitado a decir que lo que hizo fue "validar" la misma. 

En cuanto a su relación con el "entramado" de empresas de Ángel Ojeda, ha indicado que tiene "la convicción de que no me reuní con él" y ha acotado: "No sé si los consejeros (de Empleo)". 

Tras una batería de preguntas orientadas a las garantías del sistema, la socialista Marisa Bustinduy, ha considerado que "se está deshinchado el globo" de las irregularidades, del descontrol y de que "aquí se trabaja fuera de la ley".