El exdelegado de Empleo de Cádiz Juan Manuel Bouza ha asegurado que actuó según "la legalidad más estricta" en formación, incluso con un "excesivo rigor" a la hora de examinar los cursos, y ha dicho que nunca tuvo motivos para "desconfiar" de los procedimientos que ejecutaban los técnicos. 

Bouza, que ocupó el cargo entre 2004 y 2012, ha afirmado en la comisión de investigación que no se daban directrices "ajenas al procedimiento administrativo y por lo tanto a la legalidad" y que ni los funcionarios podían condicionar su trabajo ni él a los técnicos. 

"El trabajo realizado por el SAE en materia de formación ha sido óptimo", ha esgrimido el exdelegado, quien ha aseverado que ni dio órdenes para que nadie se saltara la norma ni nadie se las dio a él. 

El exdelegado, investigado en la causa judicial, ha subrayado que "el procedimiento se siguió siempre tal y como las normas prevén" y ha indicado que era "inviable" que se dieran subvenciones a empresas que no cumplieran los requisitos. 

"Nunca tuve motivos para desconfiar de los procedimientos que ejecutaban los distintos responsables técnicos y que terminaban con propuestas de resolución o documentos que necesitaban mi firma", ha esgrimido el exdelegado. 

Bouza ha defendido el "rigor" con el que examinaban los cursos, hasta el punto de que no eran "muy populares" entre las entidades colaboradoras, con un 95 por ciento de expedientes que terminaban con liquidaciones con minoración o reintegro. 

Ha opinado que no tiene "por qué dudar del trabajo hecho" y tampoco de si esas minoraciones o reintegros hacen de las entidades "presuntos delincuentes", a lo que ha agregado: "Si ha habido alguna entidad que ha engañado a la administración, persígase". 

Ha insistido en que él no era el que decidía las exceptuaciones y que se limitaban a enviar un listado de situación de las entidades. 

"Yo no soy el que decide a quien se tiene que exceptuar, yo no sé si son muchas o pocas", ha añadido Bouza, quien ha explicado que sólo pasaban por sus manos cuando llegaban desde la Consejería. 

Bouza se ha desvinculado del "plan de empleo" de la empresa Delphi y de las ayudas que se dieron a las empresas de Angel Ojeda, porque no tenía "ninguna competencia en esa materia", y ha lamentado que ahora todos los que lo ven "un desastre" en su momento "arrimaron el hombro". 

En ese sentido, ha criticado que ahora se "profetice sobre lo que ya sabemos que ha pasado" con ese plan de empleo para Delphi y ha avisado de que esa plan no debe ser objeto de esta comisión porque ya se investigó en la de los ERE. 

La comparecencia de Bouza ha elevado el tono durante el turno de preguntas del PP, ya que ha acusado a la diputada Teresa Ruiz Sillero de ser "muy ligera" después de que ella dijera que la Junta estaba "dando el pelotazo" al "inflar" facturas de alquiler. 

"Debe usted cortarse un poquito", ha dicho Bouza a la popular, a quien ha acusado de "pasarse tres pueblos" al cuestionar si los trabajadores de la FAFFE estaban "cedidos ilegalmente". 

En relación a esos trabajadores, ha afirmado que tenían unos protocolos de actuación "muy metódicos y concretos", que no tenían potestades administrativas,y que "no hubo en ningún momento cesión de trabajadores" y así lo demuestran sentencias judiciales. 

Asimismo, ha pedido a Ruiz Sillero que retire una cuestión en la que le ha preguntado si le dio subvenciones "a su amigo Ojeda", ya que la ha tachado de "impertinente", ya que no es su amigo y además él no podía dar ayudas porque había concurrencia competitiva. 

La diputada del PSOE Marisa Bustinduy ha afeado al PP que utilice en la comisión documentación "que está en el ámbito judicial" y ha resaltado que la declaración del exdelegado de Empleo de Cádiz pone de manifiesto que no se incumplió la legalidad. 

Por otra parte, el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), ha mostrado su malestar y ha dicho que a partir de ahora se guardará "muy mucho" de dar la palabra final a los comparecientes, ya que ha denunciado que ha visto con "estupor" cómo algunos traían escrito a ordenador que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, en referencia a la exdelegada de Almería que compareció ayer.