El ex alcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz, y el que fuera su concejal de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, Juan Carlos Rodríguez, podrían enfrentarse a una condena de dos años de cárcel y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Así se desprende de la petición realizada por el fiscal en el caso de la urbanización irregular de Pinar de Coig del municipio gaditano, un suelo no urbanizable y protegido en el que se construyeron viviendas durante el mandato de Independientes Portuenses, formación a la que ambos pertenecían.

El fiscal ha solicitado ya la apertura de juicio oral sobre este procedimiento, que se verá en el Juzgado de lo Penal de Cádiz.

En la acusación remitida por el fiscal sólo se piden responsabilidades para el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo, mientras que se pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre José Pinto Fuentes (propietario de los terrenos sobre los que se construyó); de Pedro Alamillos (también ex concejal de Urbanismo con Independientes Portuenses con anterioridad a Juan Carlos Rodríguez); de Fosco Valimaña (ingeniero que elaboró un proyecto de electrificación para las viviendas); y Rafael Pacheco Descalzo (quien vendió las parcelas).

El origen de la denuncia se remonta a marzo de 2005, cuando Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía a Díaz, Rodríguez y Pinto por un supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En octubre de 2005 se abrieron diligencias previas por parte del Juzgado número 2 de El Puerto, que derivaron en un procedimiento abreviado y ahora en la petición fiscal.