El pacto entre la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos contra la ordenación del territorio sólo está pendiente de ser bendecido por el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

Los abogados defensores y el coordinador de Medio Ambiente del Ministerio Público malagueño, Juan Calvo -al frente de la negociación para intentar agilizar las decenas de causas judiciales por licencias ilegales en Marbella- ya han sentado las bases de un acuerdo marco de conformidad al que podrán acogerse los ex concejales acusados. El objetivo es evitar que los procedimientos por delito urbanístico se eternicen en los juzgados.

El acuerdo no se sellará hasta contar con el beneplácito de los órganos superiores del Ministerio Público, pero los cimientos ya están puestos. El futuro convenio se ciñe exclusivamente a los casos por delito urbanístico, es decir, se limita a las licencias ilegales, y no afecta en absoluto al resto de causas en las que puedan estar imputados los ex concejales, como Malaya o las investigaciones de los convenios urbanísticos que dirige la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo del pacto es agilizar las causas porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que se consideran delitos conexos.