La crisis ha disparado tanto la demanda del ingreso mínimo de solidaridad o salario social que la Junta de Andalucía se ha visto forzada a ampliar en 19 millones su presupuesto de este año para poder dar esta ayuda económica dirigida a las familias en riesgo de exclusión social. De los 38,9 previstos, a 57,9 millones. Y todo apunta a que ésta no será la última revisión de esta cifra. Hasta el pasado 20 de julio, el volumen de solicitudes aumentó casi un 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante este panorama, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, anunció ayer que el presupuesto "se revisará tantas veces como sea necesario" -algo que no pasaba desde 2003-, recordando que el fondo asignado a esta ayuda se adapta a la demanda, de acuerdo con el compromiso adquirido por el Gobierno andaluz.

El salario social se abona un máximo de seis meses y es una prestación mensual del 62% del salario mínimo interprofesional vigente, es decir, 368,88 euros este año, además de 49,92 euros por cada miembro extra de la unidad familiar hasta un máximo equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional .

Aparte del aumento de solicitudes, la consejera indicó que en 2009 se ha experimentado un "ligero cambio" en el perfil de los demandantes, aunque matizó que no son cambios "excesivamente significativos", ya que la mayoría de los casos surgen como consecuencia de la crisis y "se encuentran dentro de las medidas extraordinarias" articuladas por el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Según los datos de su departamento, hasta el pasado 20 de julio 22.468 familias solicitaron esta ayuda, un 22,9% más que en la misma fecha de 2009, cuando la pidieron 17.324. Por otro lado, en el primer semestre de este año se dieron 15.316 de estas ayudas.

El salario social está dirigido a las unidades familiares estables y empadronadas en un mismo domicilio en Andalucía desde un año antes a la fecha de la presentación de la solicitud. Los recursos mensuales de los beneficiarios deben de ser inferiores a la cuantía de esta ayuda.

La figura del ingreso mínimo de solidaridad será sustituida por la renta básica de inserción contemplada en la futura Ley de Inclusión Social, una norma que ya acumula cinco años de retraso. Fue prometida en la anterior legislatura y no llegó. Con el estallido de la crisis, se fijó su entrada en el Parlamento andaluz para junio y no será hasta septiembre cuando dé su primer paso con su llegada al Consejo de Gobierno. Esto pospone su aprobación definitiva en la Cámara a finales de año o principios del próximo, algo que desde la oposición ha sido visto con recelo, al intuir una maniobra de dilación para no incluirlo en unos presupuestos autonómicos de 2010 que tendrán unos recursos muy limitados.

Sea así o no, esta norma supondrá un importante avance porque regulará el acceso a la renta básica como un derecho fundamental. Según explicó la consejera, esta nueva figura supondrá un "cambio sustancial" con respecto al ingreso mínimo de solidaridad, ya que se tratará de ayudas económicas individuales -por tanto, no exclusivamente dirigidas a unidades familiares-, se incrementa la cuantía a percibir y se abonará a mensualidad vencida.

Para la percepción de esta renta, que será temporal, la Administración exigirá unos compromisos a los beneficiarios y hará un seguimiento de su cumplimiento como, por ejemplo, que, si se tienen hijos menores de 16 años, estos deben estar escolarizados tal y como marca la ley. "En un Estado de Derecho todos tenemos derechos, pero también deberes, aunque, en este caso, los deberes se regularán en función de las circunstancias de cada beneficiario", concluyó Navarro.

La aprobación de esta ley situará a Andalucía como la segunda comunidad, tras el País Vasco, que regula este tipo de ayuda.