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Andalucía

Los funcionarios calientan motores para el debate de la ley del sector público

  • Saldrán a la calle el sábado 22 de enero y por lo general ven poco tiempo para la discusión: el plazo de enmiendas termina el día 20 y se prevé su aprobación para el 16 de febrero.

El Gobierno andaluz intentará quemar esta semana su último cartucho para sacar adelante una reforma del sector público que se le ha atragantado desde que lo intentara por decreto ley en dos ocasiones, y que ha acabado en un proyecto de ley de urgencia. Seis meses de conflicto con los funcionarios fuerza que mañana los sindicatos que les representan comparezcan en el Parlamento para dar su opinión de cómo debe afrontarse la reordenación de una administración compleja, caracterizada por un entramado paralelo de empresas públicas y agencias, sin que se toquen sus derechos, sin que se vulnere el libre acceso por la vía del enchufismo y sobre el que ven cernirse la sombra de la privatización. Como antesala de este debate, y para demostrar al Ejecutivo autonómico que, pese a este gesto de última hora, siguen teniendo claras sus reivindicaciones y que no quieren que este trámite sea un mero paripé, sindicatos, asociaciones y plataformas de funcionarios solicitarán hoy oficialmente los permisos para salir de nuevo a la calle: será el próximo 22 de enero.

La manifestación, por tanto, coincidirá con el ecuador de tramitación de la ley. La ronda de consultas arranca mañana con los agentes sociales -la Confederación de Empresarios de Andalucía, CCOO, UGT, CSIF, Ustea y Safja- y el plazo de presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios expira el 20 de enero, para que el debate final pueda producirse previsiblemente en el pleno del próximo 16 de febrero. Un margen de tiempo escaso, al menos, para CSIF, que no termina de ver con claridad las intenciones de la Junta, toda vez que la comparecencia parlamentaria no implica en ningún momento negociación, sino que simplemente se les da "audiencia". De hecho, según su portavoz, Alicia Martos, en la ronda de contactos previa a las Navidades que mantuvieron con el Grupo Parlamentario Socialista, en ningún momento se habló de que simultáneamente al trámite en la Cámara se sentaran en una mesa para acercar posturas.

No obstante, el hecho de que ahora se les escuche, es ya algo para CSIF, y también para Ustea. Y es que esta comisión parlamentaria ganará enteros al ser la primera vez que estos y Safja podrán expresarse y explicar cuál es su modelo de puertas adentro, porque hasta ahora sólo han podido hacerlo en la calle. Las tres organizaciones se quedaron fuera de la negociación con la que intentó el Ejecutivo autonómico corregir el primer decreto de julio, dando pie a la redacción de otro nuevo, y en el que sólo intervinieron CCOO y UGT. Aunque cabe matizar, que en la recta final de esas conversaciones también se invitó a CSIF, pero que renunció porque su punto de partida para discutir era la derogación del decreto, algo que no entró en ningún momento en los planes de la Consejería de Hacienda, que es la que ha pilotado el proceso.

Dado que en la comparecencia parlamentaria también el minutaje es muy ajustado -en media hora deben exponer su postura, tener la réplica de cada uno de los tres grupos parlamentarios y responderles-, tanto CSIF como Ustea irán con los deberes hechos y entregarán a los diputados un escrito con los porqués del conflicto y con cómo creen que debe abordarse esta reforma para que no merme la calidad del servicio al ciudadano ni los derechos de los trabajadores de la administración andaluza.

De esta forma, como explican Martos y su homóloga de Ustea, Rocío Luna, también dejarán en evidencia a todos aquellos que desde el Gobierno andaluz han querido ver en sus protestas un "desconocimiento" de la norma o presentarles como un colectivo manipulable por el principal partido de la oposición. Y sobre todo, tendrán la oportunidad de desmontar el argumento que más ha ofendido a los funcionarios que, como coinciden Martos y Luna, ha sido el intento de vincular su movilización al recorte salarial que se decretó el pasado junio.

Del resultado final del proceso que devendrá en una nueva ley, tanto CSIF como Ustea quieren tener esperanzas, aunque no las tienen todas consigo. No saben hasta qué punto el Gobierno andaluz está dispuesto a dar la vuelta a un modelo de administración en el que ven que "peligrosamente se mezcla el derecho público con el privado". Pero lo que sí saben de antemano, es que si lo que sale del Parlamento no les convence, no darán su brazo a torcer. Tienen la calle y los tribunales, dos canales que conocen de sobra y que ya tienen abiertos.

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