Hace más de un año, en noviembre de 2010, el PP celebró en Sevilla una convención en la que Javier Arenas, en la clausura, presentó su programa sanitario en doce puntos. En el punto 2 se hablaba de despolitizar la sanidad, en el 5 se proponía realizar un mapa de las infraestructuras sanitarias para conocer las carencias y lo superfluo, en el 7 reformar la atención primaria y en el 11 apoyar la investigación biomédica. Ni una palabra de recorte. Más allá de lo que es la confrontación política, buen número de gestores del SAS consideran que es necesario dar una vuelta de tuerca más a las fórmulas para hacer sostenible en un futuro la sanidad andaluza. La Junta defiende que ya se han puesto en marcha mecanismos que permiten mantener el que está considerado uno de los mejores sistemas sanitarios europeos sin necesidad de recortes ni copagos, pero lo cierto es que institutos tan prestigiosos como la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía avisan en sus informes de disfunciones, como el uso desmedido de los servicios de urgencias. El debate, en cualquier caso, existe.

El último informe de la OCDE sobre Sanidad, tan reciente que aún no se ha traducido al español, examina algunos sistemas sanitarios y valora puntos fuertes y puntos débiles. A la hora de hablar de España se desliza la desconfianza, al citar el informe Ross-Thomas de este mismo año para decir que "algunos gobiernos regionales españoles que proporcionan servicios de asistencia médica están severamente endeudados y otros se cree que han ocultado obligaciones de sector de salud fuera de presupuesto con importantes impagos". El analista de servicios sanitarios Luis Salvador Carulla cifraba hace una semana en una entrevista en este medio el déficit oculto de la sanidad andaluza en más de 2.000 millones, si bien lamentaba la opacidad para conocer los datos de primera mano. La pregunta es: ¿existe riesgo de colapso?

Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo con Aznar, prologa uno de los informes más prestigiosos sobre la sanidad española, el publicado en mayo de 2010 por la consultora AT Kearney. Su nombre lo dice todo: La sostenibilidad del sistema nacional de salud: ¿Ha dejado la salud de ser una prioridad social? Afirma Pimentel en su prólogo: "Tenemos que acometer un debate sosegado sobre qué servicios públicos esenciales queremos mantener y poner las bases para conseguirlo. Llegado el tiempo de la reflexión nos toca reconocer qué errores hemos cometido (...), en qué excesos hemos incurrido (…) y qué ineficacias hemos padecido. (...) Los conflictos y restricciones que hoy padece la sanidad catalana pronto se extenderán al resto de las comunidades autónomas. Si la única fórmula que arbitran los poderes públicos es la de la restricción presupuestaria, muy pronto tendremos que reducir la calidad de la cobertura sanitaria de forma generalizada y dolorosa. ¿Es inteligente llegar a ese límite? ¿Realmente no tenemos otra alternativa más que la resignación y la melancolía?".

Lo cierto es que el informe Kearney deja en buen lugar la sanidad andaluza y alaba medidas como la de entregar a los usuarios la factura con el coste que habrían tenido que abonar de no ser gratuito el servicio. En algo que inciden todos los informes realizados sobre la sanidad española es en la necesidad de que el ciudadano sea consciente, visualice que la sanidad es muy cara. El abuso de los servicios existentes, sobre todo en las urgencias, como apunta la Aetsa, es uno de los puntos débiles para la sostenibilidad del sistema.

Antares Consulting ha reunido a un grupo de expertos que han confeccionado un decálogo de medidas para garantizar el futuro del sistema sanitario público. Entre ellas se encuentra la acuciante necesidad de que aumenten los ingresos, vía impuestos directos e indirectos, incidiendo, por ejemplo, en aumentar el gravamen sobre alcohol y tabaco. En este informe, el copago se ve como inevitable.