La escuela infantil internacional St Javier's en Marbella, cuya responsable fue detenida acusada de presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, funcionaba de forma clandestina, pese a presentarse ante los padres como un centro educativo exclusivo: los honorarios ascendían a los 400 euros mensuales. Ni las Consejerías de Educación y Bienestar Social, ni el Ayuntamiento de Marbella, tenían siquiera constancia de su existencia. Por tanto, no la controlaban.

Además, según una investigación policial, en el centro había plagas de mosquitos, heces esparcidas por los cuartos de baño, enchufes sin seguridad o chinchetas al alcance de los más pequeños. Todos estos extremos están siendo ahora analizados por un juzgado de Marbella.

Cuando la Comisaría de Marbella recibió las primeras denuncias de padres preocupados por diferentes irregularidades, puso en marcha las pesquisas hace ahora mes y medio y se puso en contacto con las distintas administraciones para que intervinieran.

La Delegación de Igualdad y Bienestar Social hizo una inspección al centro educativo ubicado en la Milla de Oro. Aunque este informe aún no ha concluido, fuentes de la Delegación adelantaron ayer los inspectores de Bienestar Social "no detectaron indicios de malos tratos", pero se pusieron en contacto con los padres desaconsejando el centro.

Fuentes judiciales explicaron ayer que la responsable del parvulario estaba en libertad con cargos y que esta decisión era preventiva hasta que los investigadores de la Policía Nacional entregasen el informe, hecho que se produjo ayer, pues las tomas de declaraciones a los padres se han prolongado hasta principios de esta semana.

Cuando los agentes completaron su investigación, informaron a la responsable de la escuela de que estaba incurriendo en los un presunto delito contra la salud pública, cargo al que se unieron posteriormente los de estafa y contra la libertad de los trabajadores por tener empleados de forma irregular.

Los investigadores tomaron declaración a una veintena de padres por esta causa y solicitaron a la Delegación de Educación la clausura del centro. Pero ningún organismo se declaró competente para echarle el cierre al establecimiento. El delegado de Educación en Málaga, José Nieto, apuntó que si el Ayuntamiento de Marbella "ve que la actividad que se va a desarrollar ahí es educativa, tendría que haberle exigido al centro la autorización de la Consejería de Educación", explicó.

Este periódico intentó contrastar ayer esta información dirigiéndose al colegio infantil, pero nadie quiso hacer declaraciones.