La intervención en la ayudas de los ERE del ex consejero de la Presidencia y ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías volvió ayer a los interrogatorios de la juez Mercedes Alaya. La magistrada que investiga el escándalo de los ERE y el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas con fondos de la Junta, preguntó ayer expresamente al abogado Carlos Leal Bonmati por la participación de Zarrías en la concesión de ayudas a varias empresas jiennenses, entre ellas Primayor (anteriormente Hijos de Andrés Molina) que en 2007 dejó en la calle a 145 trabajadores. Carlos Leal, último imputado de la operación Heracles que comparece ante la juez, explicó que Zarrías era el político que se interesaba por los problemas de las empresas jiennenses y al que se acudía para buscar soluciones. Leal Bonmati, que está imputado por siete delitos, relató a la instructora que, a través del conseguidor Juan Lanzas, tuvo conocimiento de que hubo al menos una comida a finales de 2007 o principios de 2008 en la Casa Rosa, donde estaba anteriormente la Presidencia de la Junta, en la que intervinieron Gaspar Zarrías, el propio Lanzas y el empresario José María Ruiz Mateos y uno de sus hijos, además de algún otro consejero cuyo nombre no precisó. En esas comidas se buscaba solucionar los problemas de Primayor, declarada en suspensión de pagos en 2007 y donde estaba previsto que las empresas de Ruiz Mateos Dhul y Proasego Energías Renovables realizaran sendas inversiones en un proyecto agroalimentario -para fabricar tortillas, platos preparados, ensaladillas y zumos- y otro de energía eólica, que iban a crear 400 empleos, entre ellos los procedentes de Primayor.

El nombre de Gaspar Zarrías no es la primera vez que se cita en la investigación de los ERE. Recientemente, el ex chófer Juan Francisco Trujillo aseguró que Zarrías llamó "en varias ocasiones" al entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para incluir a varios "intrusos" en los expedientes de prejubilaciones financiados por la Junta. Este imputado aseguró que Zarrías llegó a hacer incluso gestiones con el entonces director de Trabajo para que se concedieran una ayudas a una empresa de azulejos de Vilches (Jaén).

Zarrías, por su parte, admitió que mantuvo una reunión en su despacho oficial, a instancias del comité de empresa de Primayor, con el empresario José María Ruiz Mateos, su hijo, un técnico y representantes de los trabajadores.

La Junta concedió una subvención de nueve millones a Proasego y otra de 6,4 millones a Dhul, pero Leal Bonmati no pudo precisar ayer a la juez si las mismas fueron cobradas, aunque cree que la de Dhul sí se hizo efectiva proque incluso se colocó la primera piedra de las instalaciones.

El imputado señaló que Ruiz Mateos cuando recibía una subvención solía colocar el dinero en un depósito a plazo fijo para obtener una rentabilidad.

Carlos Leal también se pronunció sobre la actuación del conseguidor Juan Lanzas -que trabajó en Estudios Jurídicos Villasís entre 2003 y 2007- y quien, según el abogado, no sólo le convenía a su bufete por su conocimiento de los temas laborales, sino por los trabajos que lograba para el bufete, aunque ha precisado que "no conocía las tropelías de Lanzas con Vitalia".

El abogado Carlos Leal Bonmati, que según algunas fuentes está manteniendo una buena defensa ante las imputaciones de Alaya, aseguró a los periodistas que por sus cuenta "no ha pasado dinero público, ni un euro" y precisó que responderá a todas las preguntas que se le formulen porque "no tiene nada que ocultar". En su declaración, el letrado, aseguró que no tenía conocimiento de la inclusión de intrusos en las pólizas financiadas por la Junta y llegó a afirmar que se fue "cabreando exponencialmente" cuando fue destapándose el pago de ayudas a personas que no habían trabajado nunca para las empresas en las que se habían prejubilado.

La juez Alaya le imputa hasta siete delitos y sitúa su participación "en la trama" desde 1999, fecha en la que según la instructora se inician las irregularidades en el pago de ayudas. Al abogado se le atribuyen delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación impropia.