Otros dos interventores que han prestado declaración ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga la pieza de los directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la macrocausa de los cursos de formación, han asegurado este jueves a la instructora que sólo apreciaron “irregularidades administrativa” pero en ningún caso que éstas pudiesen constituir delito alguno.

El interventor en Málaga, Juan José Delgado Utrera, ha dicho expresamente que no tiene elementos de juicio para determinar “si había una trama para malversar”, puesto que él detectó “irregularidades administrativas” y si hubiera observado “indicios de delito”, lo habría denunciado. Este funcionario insistió en que lo que detectó en el informe especial de los años 2009 a 2012 fueron “irregularidades administrativas”.

En la misma línea se pronunció ante la magistrada el interventor en Jaén, Pedro González Gámez, quien declaró que a su criterio las irregularidades detectadas son “sólo de carácter administrativo”, al tiempo que señaló que lo habría puesto de manifiesto en caso de apreciar alguna irregularidad de carácter grave. “Todas las irregularidades detectadas eran administrativas o formales. No he apreciado la existencia de menoscabo de fondos públicos en la provincia de Jaén”, añadió este funcionario, que reconoció no obstante que llegó a poner algunos reparos al certificado de finalidad cuando se realizaba la fiscalización previa –en la que se fiscaliza el 100% de la ayuda antes de su concesión- y esas objeciones fueron “subsanadas por el órgano gestor”, en alusión a la delegación del SAE.

El testimonio de estos dos interventores viene a sumarse a los que han prestado ya otros cuatro funcionarios de las intervenciones provinciales, quienes se han pronunciado igualmente en el sentido de que no apreciaron delitos, sino problemas administrativos. Así, el interventor general en la provincia de Granada, Miguel Ángel Gutiérrez, explicó que tiene "serias dudas de que se haya incumplido la legalidad" porque, aunque según dijo "parece que había un mal uso de la subvención", en principio lo que detectan son "irregularidades administrativas o contables". Este funcionario añadió que "no tiene una opinión" respecto a que un juzgado haya abierto diligencias penales, pero sí insistió en que "todas las irregularidades administrativas se pueden subsanar" y "no vio delito" alguno en los expedientes.

Por su parte, el interventor en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, coincidió en que el informe especial se hizo en un "entorno administrativo, con los procedimientos administrativos", dado que no pensaban que "pudiera tener esta derivación" en la vía penal.

El interventor de Málaga, Juan José Delgado Utrera, le ha dicho a la juez que no apreció irregularidades que hicieran necesario un control especial, aunque sí ha explicado que detectaron que la valoración “no era correcta porque faltaba documentación o no era legible o no subvencionable”, y ha agregado que a priori “no había que desconfiar de un informe de auditoría salvo por la constatación de errores”.

El interventor en Jaén, Pedro González Gámez, ha explicado que “nunca” pidió documentación complementaria además de la certificación de finalidad que realizaba el SAE “no porque sospechara o no sospechara de que se pudieran cometer irregularidades, sino porque ello era imposible por falta de medios”, aunque ha añadido que si hubiera tenido esas sospechas habría “hablado con la Intervención general para pedir medios”. Este funcionario indicó que  no puede decir que esos certificados “fueran falsos” ni tenía por qué pensar que con el certificado de finalidad “se estuviera ocultando nada”.