La ley andaluza de transparencia comenzó su recorrido tras la aprobación del anteproyecto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, un primer paso que proseguirá con la recepción de aportaciones hasta que entre en vigor en 2014 o, probablemente, 2015.

La fecha del estreno estaba marcada en rojo en el calendario de la Junta como un día de celebración, pero el ambiente se ennegreció. Estaba presente el nubarrón de los ERE, tras el levantamiento del secreto de sumario, el ejemplo más notorio de opacidad en la Administración andaluza en 30 años. Y la polémica del incremento de las dietas por parte de los grupos parlamentarios andaluces, un acuerdo secreto en marzo desvelado por esta redacción la semana pasada. Y la levantá del PP (término utilizado por la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz) en la negociación del Pacto por Andalucía tras publicarse (en este medio) el borrador de esta ley, que ayer rubricó de nuevo su vicesecretaria de Organización, Ana María Corredera: "Es un paripé". Por si fuera poco, José Antonio Castro, portavoz parlamentario de IU (socio de gobierno), consideró que el anteproyecto de ley tiene "bastantes carencias" que deben ser subsanadas.

Ante este panorama sucumbió el discurso grandilocuente de la consejera de Presidencia. "Es un salto importante en la manera de relacionarse los ciudadanos con la Administración. Dudo que haya otra norma de más trascendencia en esta legislatura", afirmó tajante Susana Díaz (PSOE) en el inicio de su intervención en la rueda de prensa.

El contraste con la actualidad desdibujó un proyecto bienintencionado. Hasta once preguntas y repreguntas tuvo que responder Díaz sobre la subida de dietas del presidente del Parlamento, Manuel Gracia, y tres portavoces adjuntos, justo cuando se estaba preparando esta ley y los discursos de los responsables políticos se inundaban de llamamientos a la claridad en la gestión de los asuntos públicos. Díaz condenó el "grave error" de los grupos "que ha eclipsado el esfuerzo" de otros cargos, pero no contestó ni una vez si en su opinión deberían producirse dimisiones. Se justificó en la separación de poderes con el legislativo, aunque tuvo menos celo con esta división cuando lideró las negociaciones de la renovación del Defensor del Pueblo, cerrada, y del director de la RTVA, abierta, ambos cometidos del Parlamento. Tampoco aclaró Díaz qué hubiese pasado con ese acuerdo secreto de estar vigente la ley de transparencia. Pareció que nada, porque la consejera señaló que la ley sólo podría afectar a los asuntos "administrativos" del Parlamento por respeto a su autonomía, al igual que pasaría con el Poder Judicial.

No ocurre lo mismo con los ayuntamientos, ya que a pesar de que están incluidos en la ley Díaz señaló que "para nada se invaden sus competencias". El proyecto que presentó el Gobierno la semana pasada ya afecta a las entidades locales. El proyecto de la Junta incluye a las empresas públicas, sean locales o autonómicas, y a los prestadores de servicios . Otra de las diferencias, subrayadas por la consejera, es que se tendrá que justificar la negativa a proporcionar una información ciudadana. No hay rastro de la petición del PP de incluir declaraciones de familiares de los altos cargos o la relación con sus empresas, algo que Díaz razonó en que ningún proyecto de otra administración recoge este aspecto.

Más allá del escepticismo, hubo una certeza. La Junta facilitó una información fantasma en sus publicaciones y que ha esquivado apelando a la protección de datos (dio el número, pero no el listado): serían 60 los altos cargos que esta legislatura han recibido cesantías (indemnizaciones a las que tienen derecho tras abandonar el cargo) por un importe aproximado de un millón de euros. Este mes se han acogido siete y está previsto que otros dos lo hagan en julio.