Así como el inicio de la anterior legislatura estuvo marcada por la comisión de investigación de los ERE que el PSOE tuvo que aceptar por estar en minoría, la actual se iniciará con la del fraude de los cursos de formación. La Mesa del Parlamento decidirá esta mañana llevar al Pleno la creación de esta comisión que han solicitado el PP y Ciudadanos.

Cada uno de estos dos partidos ha presentado su propia iniciativa, los populares a finales de junio y Ciudadanos el 6 de julio, pero saldrá adelante sin problemas porque el PP votará a ambas. Podemos e IU sumarán sus votos y es posible que los socialistas también voten a favor, al menos a la de Ciudadanos. Poco importa la autoría de la comisión, a pesar de que los dos partidos trataron de ponerle ayer el sello: su creación pasará por el pleno, y la intención de la oposición es que esté funcionando en el mes de octubre.

Al menos en su fase de comparecencias, la comisión coincidirá con la precampaña electoral. Si los diputados concentran el trabajo, tal como hicieron con el caso de los ERE, esta fase, que es la más mediática, estaría terminada antes de la campaña electoral de las generales que, se supone, se iniciará en noviembre.

El fraude de los cursos de formación está siendo investigado por varios juzgados en Andalucía y la intención de la oposición es que abarque el período de 2004 a 2012. A partir de ese año, la Junta suspendió la convocatoria de unos cursos que aún no se han recuperado. El PP quiere que la presidenta Susana Díaz comparezca, aunque ésta ocupa ese cargo desde septiembre de 2013. Entre mayo de 2012 y su nombramiento fue consejera de Presidencia, por lo que los populares tendrán que justificar con algún hecho esta comparecencia que se da por seguro en el caso de los ex presidentes Chaves y Griñán.

A diferencia del caso de los ERE, el impacto político será menor porque apenas quedan responsables de esos años en la Junta. El consejero de Empleo imputado, Antonio Fernández, dejó el Gobierno en la primera remodelación de Griñán, ninguno de los presidentes de esos años mantiene ningún cargo y la mayor parte de los imputados en los casos judiciales son funcionarios. Además de las acusaciones judiciales, hay un informe muy duro de la Cámara de Cuentas relativo a 2009 y 2011, así como varios informes de la Intervención.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, sostuvo que su partido quiere su propia comisión, de lo que se deduce que no apoyarán la del PP, al vez que advirtió para que este grupo no se convirtiese en "un tribunal de la Inquisición". El líder del PP, Juanma Moreno, anunció desde Granada, donde se reunió con sus parlamentarios, el apoyo a la comisión que ya solicitaron en la pasada legislatura y que volvieron a registrar en junio. Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, recordó que su grupo también está solicitando una comisión permanente que estudie otros casos, como los tentáculos de la red Gürtel en Andalucía.

La comisión sólo fue criticada por el PSOE. La secretaria general de este partido en Sevilla, Verónica Pérez, aseguró que la oposición busca el "teatrillo", mientras el diputado malagueño Miguel Ángel Heredia relativizó su importancia porque, entiende, que los ciudadanos están preocupados por otros asuntos. El PSOE, de hecho, ha variado su posición en la última semana. Si hasta hace unos días, su secretario de Organización, Juan Cornejo, mantenía que no era necesaria y que intentaría convencer a los grupos de ello, el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, dio a entender el lunes que el PSOE no se opondría.

El fraude en los cursos de formación de la Junta está siendo investigado por 18 juzgados andaluces; entre éstos, el número 6 de Sevilla, del que era titular la juez Mercedes Alaya. En Andalucía se han presentado dos tipos de irregularidades: el cobro a la Administración de cursos no realizados y la falta de justificación de muchos de ellos. Hay un informe especialmente revelador de la Cámara de Cuentas, que señaló que el 89% de los cursos de 2009 se habían concedido sin concurrencia competitiva. En 2010, que es el segundo año analizado, este porcentaje bajó hasta el 36%. La Consejería de Educación -desde julio ha vuelto a funcionar una Consejería de Empleo- abrió una investigación interna la pasada legislatura, lo que obligó a su titular, Luciano Alonso, a comparecencias constantes en el Parlamento.