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Andalucía

Las peticiones de dependencia en Andalucía se incrementan en 329 personas cada mes

  • La consejera de Igualdad propone un pacto de Estado para que el Gobierno asuma el 50% que le corresponde y constituya una caja única

La consejera Rocío Ruiz, tras el Consejo de Gobierno de este lunes.

La consejera Rocío Ruiz, tras el Consejo de Gobierno de este lunes. / Europa Press

Cada mes solicitan la prestación de la dependencia, 329 andaluces más que el período anterior. Si en 2018 las solicitudes alcanzaron las 21.000, en 2020 ese número se va incrementando a razón de más de 300 al mes. La Junta tiene un problema de insuficiencia para atender al coste de estas ayudas, y no sólo porque las cifras están siendo superiores a las previstas por el Gobierno central, sino porque desde Madrid sólo se está pagando el 18% del total. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha lanzado una propuesta de acuerdo de Estado para acabar con esta carestía financiera.

La ley de 2006 establecía que la dependencia sería pagada al 50% por el Gobierno y las comunidades, pero este compromiso nunca se ha cumplido. La Junta pagó el año pasado 1.300 millones de euros por los 285 millones de la administración central. Lo que Rocío Ruiz reclama es el pago desde Madrid para llegar a sus 1.300 millones de euros, y que así pueda desatascarse la enorme lista de espera. En 2020 hay presupuestados por la parte andaluza 1.509,2 millones de euros, un 3,2% más. 

La lista de espera de la dependencia ha sido, cuanto menos, convulsa. Había 75.000 andaluces ya valorados y en espera de aceptación, pero la nueva consejera encontró otros 35.000 no reconocidos. Y, además, otras 24.000 personas cuyos expedientes sólo estaban en papel y no se habían pasado al registro informático. No era más que una maniobra dilatoria. A este volumen se añade un incremento mensual de 329 inscritos. En Andalucía se pagan en estos momentos 293.661 prestaciones.

La propuesta de Rocío Ruiz pasa también por crear una caja única del sistema de dependencia, como ocurre con la Seguridad Social, y un fondo de suficiencia del modelo. Ello permitiría que se cubriesen todas las peticiones por igual en el territorio nacional, de modo que no dependiese del momento financiero de cada autonomía. El fondo funcionaría como el del sistema de financiación autonómica para los servicios básicos.

El documento propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías cronificables. También señala la necesidad de reconocer en la cartera de servicios a las personas con discapacidad mayores de 65 años. Andalucía también considera adecuado definir un sistema de atención integrado que tenga en cuenta la perspectiva de globalidad e igualdad en todo el territorio, es decir, establecer que para toda la ciudadanía con derecho a cualquier prestación recogida en la citada Ley, sea cual sea su lugar de residencia dentro del Estado, ésta sea universal.

El documento de Pacto de Estado insta a la adhesión de las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y de cualquier otra entidad representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia

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