Su paso por los juzgados nunca ha dejado indiferente a nadie, pero ha sido ahora cuando toda España ha tomado conciencia de la figura del magistrado Elpidio Silva Pacheco, el juez de instrucción que en apenas 20 días ha enviado dos veces a prisión al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, investigado por la compra del City National Bank de Florida. Aplaudido por los preferentistas de la entidad y tachado por la defensa del banquero por guardar "animadversión" hacia su cliente, quienes le han tratado a lo largo de más de veinte años de carrera judicial le califican como singular y excéntrico. Con toga y sin ella.

Sus decisiones en el caso Blesa le han valido ya al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid una polarización del espectro político y la respuesta de la Fiscalía, que va a recurrir la prisión incondicional para el ex banquero junto con la defensa de Blesa. Silva, además, se enfrenta a un expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de abril por dos faltas muy graves y una grave que le pueden acabar apeando de la Judicatura. La Comisión Disciplinaria le cuestiona por una "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones, por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado y una posible falta de desconsideración a sus funcionarios. La apertura del proceso sancionador (que debe resolverse en seis meses) puede acabar en sanción o el archivo.

Pero no es la primera vez que Silva es cuestionado por el órgano de gobierno de los jueces ni por sus compañeros. San Roque (Cádiz) fue uno de sus primeros destinos, a principios de los años 90, donde mantuvo una relación tensa con letrados y funcionarios que todavía le califican hoy como una persona de trato difícil. En 1992 abogados y procuradores de San Roque se unieron para denunciar públicamente "un notorio abandono de sus funciones y falta de puntualidad al frente del juzgado". La protesta fue extensiva hacia la titular del número 1 de la vecina localidad de La Línea, Hortensia Almudena Maricalva, por idénticos motivos. Silva y Maricalva aprobaron juntos su acceso como alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la carrera judicial, en marzo de 1991.

Apenas un año más tarde, a ambos se les acusaba de acudir a sus puestos sobre las once de la mañana y de salir no después de la una, lo que acumulaba los litigios terminados pendientes de sentencia durante meses. A día de hoy, profesionales de la abogacía le recuerdan como un excéntrico y por mantener atascados los asuntos. En la prensa de aquellos días, los profesionales de la justicia de la comarca le atribuían una relación sentimental con su colega de ejercicio en La Línea.

Pero el "culmen del caos", como lo calificaron los profesionales judiciales de la comarca gaditana, llegó en febrero de 1993. Silva pasó al menos diez días sin aparecer por su puesto haciendo peligrar los procedimientos. Tras sus vacaciones de Navidad, se tomó el mes de asueto y lo prolongó más de lo previsto. Silva también fue muy comentado en los corrillos judiciales por verse involucrado en un juicio de faltas por una supuesta agresión contra una compañera de La Línea que presidía las vistas oculta tras unas enormes gafas de sol.

Entre los procedimientos de los que se hizo cargo durante su estancia en Cádiz, Silva asumió la causa de la explosión del pantalán de la refinería de San Roque, que le valió el primero de sus expedientes disciplinarios en 1994, precisamente por retrasos en la instrucción. Los inspectores del CGPJ observaron falta de diligencia en la llevanza del asunto que desembocó en una suspensión por tres meses.

Silva ejerció después en Lora del Río (Sevilla) y Aracena (Huelva). De su paso por Andalucía también quedan sus días como profesor en la Facultad de Derecho de Jerez, donde es un viejo conocido. En su época de profesor adjunto de Derecho Administrativo los alumnos abandonaban el aula a la velocidad del rayo en cuanto él entraba. "El profesor titular se volcaba en intentar hacer lo más atractiva posible la asignatura, que de por sí es un ladrillo, y él hacía justamente lo contrario, reivindicar su condición ladrillera ", narró a este medio un profesor de la Facultad de Derecho de Jerez que, en tiempos, fue su alumno. "Los alumnos huían literalmente cuando llegaba".

Peculiar, raro incluso si se quiere, el profesor Silva no pasaba desapercibido ante nadie. "Hay abogados en Jerez que años después de su paso por la ciudad aún recuerdan los problemas que sufrieron por su culpa". Hubo hasta letrados que estuvieron sometidos a una orden de búsqueda y captura que sufrieron tras cruzarse en el camino del juez. El abogado Juan V., que pese a los años transcurridos prefiere mantener silencio, asegura que las relaciones del togado con los abogados fueron especialmente complicadas. "Si vas a escribir de él, ten cuidado, que te la puedes buscar", comentaron algunas fuentes consultadas por este periódico.

Pese a la laxitud que se le atribuye a la hora de ejercer al frente de los tribunales, Silva ha salido airoso de otros encontronazos posteriores con el CGPJ, ya que la caducidad de dos expedientes disciplinarios le salvaron de otras tantas sanciones de 6.000 euros. El magistrado fue multado en septiembre de 2010 por una falta grave, por desatender de forma reiterada requerimientos realizados por instancias jurídicas superiores. Un año antes, en abril de 2009, se le impuso el mismo apercibimiento y por la misma cantidad por hechos similares, aunque ambas fueron peleadas hasta el final por el magistrado, a quien el Supremo le acabó dando la razón al superarse el tiempo de tramitación.

También se ha enfrentado a otros dos expedientes de jubilación por incapacidad permanente para el servicio en los años 2005 y 2008 que tampoco acabaron teniendo efecto. Y ahora, deberá asumir la petición de recusación de la defensa del caso Blesa, su nuevo frente abierto.

Se negó a ser juzgado en 2009 por no pagar el alquiler de su piso madrileño que había arrendado a un colega, según reveló a finales de año el diario El País. Fue condenado en rebeldía (no asistió a la vista) a pagar los 7.115 euros de renta (que luego consignó) y eludió dar explicaciones al rotativo nacional. No así su casero, una empresa familiar, que le afeó no haber pagado ni un solo mes.

La huella digital personal de Elpidio Silva se resume en su perfil en la red social especializada Linkedin, donde recoge con profusión de detalles sus destinos (algunos en el extranjero) y deja patente su interés por la investigación de casos de corrupción. Nacido en Granada, fue el primero de su promoción por la Universidad de Sevilla.

Silva es también un juez bloguero. Gestiona una bitácora en internet desde noviembre del pasado año, "Cumplimiento preventivo", aunque con sólo cuatro entradas. Una de ellas está dedicada al blanqueo de capitales, donde considera que "la entraña de la tipificación penal del blanqueo de capitales es impedir que, frente a bienes procedentes del delito, se camufle o simule tal origen criminal". Data de enero, meses antes de pasar al primer plano de la actualidad judicial nacional.