Un policía local de Cádiz ha sido condenado a dos años de prisión por apropiarse del dinero de las multas que impuso a más de 150 conductores, principalmente extranjeros, en la ciudad. En total, entre los años 2014 y 2017, el agente se apoderó ilegalmente de 8.330 euros. Además, el policía ha sido inhabilitado para ejercer como cargo público por un periodo de seis años y condenado a pagar una multa de 1.260 euros.

El funcionario evitó este martes la celebración del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz al confesar ser el autor de los hechos por los que venía siendo acusado. En concreto, la Fiscalía lo procesaba por malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos, dos delitos por los que el Ministerio Público solicitaba la pena de cuatro años de prisión; si bien, tras reconocer el agente la autoría de los mismos y haber reintegrado ya los 8.330 euros de los que se apropió, la pena que le fue finalmente impuesta se vio sensiblemente rebajada, además de suspendida (no entrará en la cárcel). 

Hechos probados

El agente, en activo desde mayo de 2013, prestaba servicio de vigilancia de tráfico y, en su caso, extendía los correspondientes boletines de denuncia administrativa por infracciones de tráfico, entre ellas, por estacionamiento indebido en la vía pública. Se encargaba igualmente de cobrar el importe de las multas. 

Tras efectuar el cobro de la multa, el policía tenía la obligación de emitir, además del correspondiente boletín de denuncia, el recibí del dinero, entregando copia al interesado. A continuación, debía depositar en un buzón establecido al efecto el dinero de la multa y el mencionado boletín. 

Ha quedado acreditado que el funcionario, con ánimo de obtener enriquecimiento ilícito, decidió que parte del dinero en efectivo que percibía de los conductores sancionados en concepto de pago de multa, se lo iba a apropiar y destinar a atenciones propias. 

Así, desde el año 2014 y hasta marzo de 2017, el agente aprovechaba que a los conductores de vehículos con matrícula extranjera o de vehículos de alquiler cuyos usuarios eran de nacionalidad extranjera se les exigía el abono inmediato del importe de la multa antes de retirar el vehículo del depósito municipal (cuando eran allí trasladados por la grúa), para quedarse con el dinero.

A fin de no ser descubierto, el policía local no depositaba las cantidades requeridas en el buzón oficial establecido para ello ni entregaba en las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Cádiz los correspondientes boletines sancionadores. Los escondía en su taquilla o bien los hacía desaparecer.