El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín ha citado a declarar en calidad de "investigados" por el caso de los ERE fraudulentos a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes comparecerán en el juzgado el próximo miércoles 16 de marzo. El magistrado que investiga el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas también ha citado ese mismo día al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, mientras que el 30 de marzo lo harán los ex consejeros de Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

Con esta ronda de declaraciones el juez cierra la declaración de los 51 imputados que forman esta primera pieza separada de los ERE, en la que se investiga la parte política del caso, al citar a todos los investigados, aunque todavía hay algunos imputados que en su día se acogieron a su derecho constitucional a no declarar –cuando fueron citados por la anterior instructora, Mercedes Alaya- y que ahora tienen intención de comparecer para prestar declaración, por lo que el juez tendrá que citarlos, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el imputado tiene derecho a prestar declaración durante la instrucción cuando lo solicite.

Las declaraciones de Chaves y Griñán fueron solicitadas recientemente por la Fiscalía Anticorrupción y Álvaro Martín, según explica la providencia en la que acuerda las citaciones, lo ha acordado para garantizar el "derecho de defensa" de los imputados y "el principio de igualdad de las partes ante el proceso".

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 25 de enero un escrito al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, al que planteaba que resulta "necesario" oír en declaración en calidad de investigados a aquellas personas que no habían declarado hasta que se dictó el auto de 17 de noviembre de 2015, en el que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, decidió abrir la pieza separada del procedimiento específico de los ERE.

En su escrito, el fiscal pedía que se citara tanto a los ex presidentes Chaves y Griñán, como a los ex consejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

La citación de estos investigados estaba pendiente de la incorporación a la causa de cierta documentación, entre ellas la solicitada a la Intervención General de la Junta para que facilitara las personas que participaron en los trabajos y elaboración de los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA en el periodo 2001-2012, detallando funciones desarrolladas por los mismos en cada ejercicio. También se pidió que identifique a las personas que participaron en la elaboración por la Intervención de las memorias relacionadas con los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de Control Financiero Permanente de los ejercicios 2004 a 2007.

En junio de 2015, el Tribunal Supremo inculpó por el caso de los ERE a Griñán, Chaves y Zarrías por un delito de prevaricación administrativa, y al ex consejero Viera, además, por otro de malversación de fondos en relación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla. 

En octubre de 2015, el Alto Tribunal, que inicialmente investigó a los ex presidentes y a otros aforados por el caso de los ERE, decidió devolver la causa al juzgado de Sevilla, una vez que todos los aforados habían dejado de contar con este privilegio al renunciar a sus actas de diputados y senadores.

Un año antes, en concreto el 13 de noviembre de 2014, el Supremo declaró en un auto su competencia para la instrucción del caso respecto de los entonces aforados: los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, aunque sobre esta última se dictó posteriormente auto de sobreseimiento. 

Chaves, Griñán y Zarrías renunciaron a sus escaños en las Cortes antes que José Antonio Viera. El caso fue remitido al Supremo por la juez Mercedes Alaya en agosto de 2014.

Antes de que el Supremo decidiera devolver el caso al juzgado de Sevilla, el magistrado que instruyó la causa, Alberto Jorge Barreiro, reprochó a los aforados que habían sido ellos mismos los que impidieron que continuara el proceso y se resolvieran los recursos pendientes, al "abandonar en marcha el tren de esta instrucción para subirse a otro ajeno a la competencia del instructor".