Andalucía

Los previsibles fracasos de la agenda política de Juan Marín

  • El líder de Ciudadanos insiste en la eliminación de los aforamientos y la reforma de la ley electoral que ni PP ni PSOE apoyan

Juan Marín, presidente y portavoz de Ciudadanos en Andalucía. Juan Marín, presidente y portavoz de Ciudadanos en Andalucía.

Juan Marín, presidente y portavoz de Ciudadanos en Andalucía. / EP

Juan Marín siempre ha dicho que hay tiempo para impulsar lo que queda por hacer en su acuerdo de investidura con el PSOE, pero cada vez lo tiene más difícil. Antes de que acabara el curso parlamentario, Ciudadanos registró -en la insólita compañía de Podemos- su proposición de ley para eliminar los aforamientos y, por el momento, no tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto.

Lo mismo le pasa a la reforma de la ley electoral andaluza. Después de meses mareando la perdiz en un grupo de trabajo creado en el Parlamento bajo el abrigo del PSOE y Ciudadanos, la falta de consenso provoca que la negociación esté encallada. Podemos e IU querían aumentar el número de escaños -se puede hasta los 135, frente a los 109 que hay ahora en la Cámara andaluza-, algo que en la formación naranja no veían con buenos ojos. 

Ahora no les parece mala idea. El propio Marín ha recordado esta mañana que la población andaluza no es la de los años 80 y que ha habido movimientos entre provincias. Ciudadanos se abstendrá cuando la propuesta de dictamen llegue al Pleno, en septiembre, puesto que lo poco en lo que hay acuerdo es en mejorar la regulación de los debates en campaña y en la unificación del envío de propaganda electoral.

A la otra iniciativa mencionada por el líder naranja le pasa lo mismo. La eliminación de los aforamientos para los diputados andaluces y los miembros del Consejo de Gobierno no parece que vaya a convertirse en realidad. Para que la proposición de ley firmada por Ciudadanos y Podemos llegue al Pleno se necesita el apoyo de 36 parlamentarios, ya que la iniciativa lleva aparejada una reforma del Estatuto de Autonomía.

Eso también haría necesario un referéndum, para lo que Marín tiene solución: poner una urna para que los andaluces se pronuncien al mismo tiempo que votan en las próximas elecciones andaluzas. Antes deben convencer a PP o PSOE, la única forma que tienen de alcanzar el mínimo de 36 parlamentarios que necesitan.

El fantasma de la comisión sobre la Faffe

Marín se reunió ayer con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y le planteó el asunto, aunque sin éxito. Tampoco sacó nada claro sobre la posibilidad de que el PSOE de su brazo a torcer sobre las dos comisiones de investigación que planean sobre la Cámara para abordar las posibles irregularidades en la Faffe

Ciudadanos circunscribe su propuesta al escándalo de las tarjetas que Fernándo Villén, ex director gerente de la Fundación Andaluza Formación y Fondo para el Empleo, tuvo a su disposición para gastos personales que suman ya 42.000 euros, 15.000 de ellos en un club de alterne. La iniciativa del PP contempla una investigación sobre el funcionamiento de esta entidad en los ocho años que estuvo activa antes de disolverse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Por el momento, las fuerzas del centroderecha en el Parlamento no han negociado para unificar la propuesta de comisión, pero hay consenso entre la oposición para que la investigación salga adelante en la Cámara. La única forma que tiene el Gobierno andaluz de pararlo sería la disolución del legislativo para una convocatoria adelantada de elecciones. 

Cada vez hay más voces que le piden a Susana Díaz que convoque cuanto antes. La presidenta de la Junta es la única que tiene potestad para ello y su intención es que en la campaña andaluza el debate sea únicamente andaluz. Por eso no quiere ni oir hablar de unas generales en otoño, que es cuando se prevé que Díaz pueda adelantar sus comicios. 

Agosto es inhábil en política. La jefa del Ejecutivo no puede disolver la Cámara hasta que el calendario no pase a septiembre. Para vacunarse de cualquier debate sobre la Faffe, Díaz puede firmar el decreto de convocatoria electoral hasta el 12 de septiembre, cuando está previsto el primer Pleno del curso. Eso llevaría las elecciones al último fin de semana de octubre o el primero de noviembre. Pero sólo la presidenta sabe qué acabará ocurriendo.

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