La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, anunció la renuncia del cargo que ha ostentado los últimos once años después de que el pasado lunes se conociera el contenido de la querella penal presentada por la Fiscalía Provincial de Granada sobre el presunto fraude en la gestión de las audioguías.

Tras una "reflexión meditada y sincera", Mar Villafranca remitió una carta a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, comunicándole su decisión de abandonar su puesto para "no afectar a la proyección social y cultural del conjunto monumental". La ya ex directora de la Alhambra aseguró que su renuncia "resulta favorable para la preservación de los intereses públicos de la institución", así como para su derecho a la defensa.

Villafranca asegura que durante su mandato "todas las decisiones tomadas han estado respaldadas por procedimientos administrativos transparentes, informes jurídicos precepctivosy fiscalizaciones previas por parte de la Intervención Delegada", lo que, a su juicio, garantiza que han estado "salvaguardadas por la legalidad administrativa vigente". "Estoy convencia de que el tiempo y mi confianza en la Justicia determinará mi recto proceder como directora de este centro en la defensa del interés público".

Villafranca concluyó su intervención, de poco más de cinco minutos y en la que se mostró visiblemente afectada, asegurando que la suya es "una decisión responsable" que toma en el ejercicio de su "honestidad y libertad", recordando que ha sido "un honor" estar al frente del Patronato durante los últimos once años.

Pocas horas después de que Mar Villafranca hiciera pública su dimisión, la Fiscalía Provincial remitió el contenido íntegro de la querella formalizada en los Juzgados de Granada. El escrito explica que la investigación partió de la denuncia de un ex empleado de la empresa Stendhal Museum Solutions (antes GTP Museum Solutions), asegura que todo el procedimiento que ha rodeado la adjudicación y la prestación del servicio de audioguías está bajo sospecha. No se trata únicamente de la adjudicación en sí misma bajo una oferta "temeraria" que luego fue modificada a la hora de formalizar el contrato -pasando de un canon anual de 77.000 euros a uno de 30.000 y de un canon variable de un 47% a uno del 15%- y rectificada antes de que llegara la fecha de la renovación, sino de un "plan" orquestado por los implicados en el proceso que causó un perjuicio económico al Patronato de la Alhambra y el Generalife de 5,41 millones de euros. El "nulo control" sobre el adjudicatario, la "actitud especialmente favorecedora" a los intereses de la empresa, la falta de exigencia del pago y el hecho de permitir que el contrato se desarrollase "en condiciones completamente diferentes" a las exigidas inicialmente, ha causado, según la Fiscalía, "un importante perjuicio a las arcas del Patronato".

En su querella, la Fiscalía apunta a Villafranca; a la secretaria general del monumento, Victoria Chamorro; al jefe de Contabilidad, José María Visedo; al interventor, Miguel Gutiérrez; y a los responsables de Stendhal, Alejandro López y Luis Parra, como presuntos responsables de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía Provincial, la modificación de las condiciones del contrato se agrava por el hecho de que la empresa no hubiera pagado "ni un solo euro" en julio de 2011 y de que a la fecha de la firma de la renovación, en octubre de ese mismo año, apenas hubiera efectuado un ingreso "simbólico" de 33.146,56 euros. Stendhal tampoco cumplió las obligaciones contractuales; no fue capaz de mantener el volumen de negocio de la anterior adjudicataria -la pérdida sobre la recaudación esperada superaría los 419.410 euros-; y reconoció encontrarse "en una mala situación económica", que la incapacitada para afrontar la deuda con la Alhambra. Y, con todo, se le renovó el contrato tras celebrar reuniones previas con el adjudicatario "para trazar un plan que le permitiera ofrecer una salida" a esa falta de pago.

Entre las medidas incluidas en ese plan, según la Fiscalía, se encontraría la decisión de modificar el objeto del contrato y las condiciones técnicas y económicas, otorgándole a Stendhal un servicio de información a los visitantes cuyo coste se detraería del canon variable trimestral que estaba obligado a abonar. De esta forma, la Fiscalía entiende que se minoraron las cantidades a ingresar por el adjudicatario, estableciendo "condiciones más ventajosas que las inicialemente pactadas".

No es todo. En septiembre de 2011 (poco antes de la firma de la prórroga), el jefe de Sección de Gestión de Ingresos emitió un informe en el que manifestaba que el alquiler de audioguías a grupos se encontraba exento del canon variable, pese a que una resolución de la Consejería de Cultura establece que todos los grupos que entren en el recinto y que superen las 6 personas deben estar provistos de ellas. La resolución del Patronato, por tanto, supuso "un perjuicio para los ingresos del Patronato y un beneficio para el adjudicatario", más aún teniendo en cuenta que en el momento de la adjudicación del contrato, la empresa presentó mejoras a los pliegos en las que se comprometía a ofrecer el servicio de audioguías a grupos "de forma gratuita".