carlos castresana fernández. abogado, fiscal del tribunal supremo en excedencia

"Hay que romper la ley del silencio de la connivencia de jueces, fiscales y políticos"

  • Como letrado de la acusación en varias causas de corrupción en Granada, ha revolucionado el ambiente judicial con un escrito en el que denuncia tratos de favor y vínculos sospechosos

Carlos Castresana representa a Vamos Granada en el caso Nazarí y otros asuntos de corrupción. Carlos Castresana representa a Vamos Granada en el caso Nazarí y otros asuntos de corrupción.

Carlos Castresana representa a Vamos Granada en el caso Nazarí y otros asuntos de corrupción. / carlos gil

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-¿puede vencer David a Goliat con la Justicia como herramienta?

-Sí, lo que tiene es que producirse una movilización de la sociedad civil que apoye los procedimientos en los que hay involucradas personas que son poderosas políticamente o económicamente.

Tenemos un poder judicial escuálido y manipulado porque los otros dos poderes no quieren someterse"

-¿Es imprescindible que, como se ha visto en Gürtel, que haya funcionarios o denunciantes que tengan actitudes heroicas?

-No debería ser necesario. Lo es en muchos casos, pero porque la opinión pública, los medios y la sociedad civil no se organizan debidamente y los imputados sí se organizan. Se produce una desigualad de armas por la vía de hecho en el proceso penal, que desequilibra la situación y hace que sea muy difícil aplicar la legalidad. Quienes tienen que aplicarla están sometidos a enormes presiones, y tienen que pagar un coste que normalmente afecta negativamente a sus carreras. Los intereses generales están desprotegidos y, por eso quienes optan por protegerlos terminan casi convertidos en héroes.

-¿Deberían estar más protegidos los testigos y denunciantes?

-El derecho europeo, las convenciones contra la corrupción protegen especialmente a los denunciantes porque en la mayor parte de los casos, cuando se trata de corrupción dentro de los órganos de la administración, la información tiene que salir de dentro.

-Acaba de presentar un escrito en la Audiencia de Granada que es un misil contra algunos jueces, fiscales y abogados de esta provincia...

-Era necesario llamar la atención sobre una situación que está muy extendida, que sin embargo no se denuncia porque quienes podrían y deberían, tienen condicionadas sus carreras, sus despachos, sus clientes... Esa ley del silencio hay que romperla porque es imposible que los procedimientos salgan adelante si existe ese caldo de cultivo de connivencia entre jueces, fiscales, políticos, empresarios...

-¿Ha recibido algún reporte o reacción al respecto?

-Me dicen los compañeros que se ha producido un gran revuelo interno en la Audiencia. Los revuelos a mí no me interesan, lo que interesa es que se obre en consecuencia.

-En un caso como la reciente condena a la Junta a pagar 165 millones al promotor del Comercial Nevada, ¿cómo se explica algo así a los ciudadanos?

-A mí me parece un disparate. La medida cautelar que se mantuvo durante varios años estaba más que justificada, como demuestra el hecho de que finalmente la sentencia firme fuera condenatoria. Y por tanto, no hay nada que indemnizar. Pero si hubiera algo que indemnizar, sería por un error judicial, que va por otros cauces diferentes de los que se han seguido en este caso. Esta empresa reclama la indemnización en una vía equivocada y sólo gana el proceso, primero porque los magistrados, que conocen el Derecho, no lo aplican adecuadamente; y segundo, porque la Junta no se presenta al juicio. Creo que todo es completamente nulo y tiene que prevalecer la legalidad y que finalmente se considerará, no sé en qué vía ni en qué cauce procesal, que esa indemnización de ninguna manera tiene que recaer sobre los ciudadanos. Los resultados aquí se van a producir antes o después. Porque es un disparate.

-Parece que queda la vía del Tribunal Constitucional...

-Ellos (en la Junta) verán las vías que siguen, no es mi misión. La reclamación que se formuló no era la adecuada. Era la de error judicial. Las cantidades que están señalando en el Ministerio de Justicia por indemnización de errores judiciales, incluso de casos muchos más graves, de gente que se ha pasado años en la cárcel, son infinitamente menores.

-¿Cree que los ciudadanos están inmunizados ante la corrupción?

-Lo que tienen es escepticismo, pero no se pueden pedir actos de fe. Hay que impulsar acciones que les permitan recuperar la confianza. Hay un gran divorcio entre los ciudadanos y las instituciones y eso es un cáncer para la democracia. La lucha contra la corrupción es en un 90% transparencia, participación ciudadana, integridad, educación, un papel fundamental de los medios de comunicación, y sólo una pequeña parte, la justicia penal, que es para los recalcitrantes. Tenemos que crear las condiciones sociales y políticas para que la corrupción no sea endémica como por desgracia ahora lo es. Si conseguimos esa transparencia en la gestión de los asuntos públicos, que cada euro que sale del bolsillo de un ciudadano, mientras transita por las instituciones, sea transparente y cuando se gasta sepamos cuando y para qué, entonces quedarán unos pocos casos excepcionales y para eso será la justicia.

-¿Se abusa de la Justicia para maniobrar políticamente?

-Sí, eso ha sido una constante desde la Transición. Los partidos han colonizado la justicia y la han dejado además sin recursos económicos ni personales. Tenemos un poder judicial escuálido y muy manipulado políticamente porque el poder ejecutivo y el legislativo no quieren estar sometidos a la rendición de cuentas que en cualquier estado de derecho representa el poder judicial. En España, la independencia del poder judicial deja mucho que desear. Aunque se está produciendo en los últimos años una reacción muy positiva con la crisis económica, cuando la sociedad reclama a los jueces que les protejan frente a los abusos del poder, es que se empieza a producir esa reacción que tiene en primer lugar una manifestación clara en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son la Policía y la Guardia Civil quienes reciben ese mensaje, quienes reaccionan y quienes empiezan a hacer las investigaciones que no se hacían en los años 80 y 90. Y esa reacción es la que lleva después a que los jueces y los fiscales se suban a ese carro de darle a la sociedad lo que está reclamando y lo que necesita y merece. Que es poner un coto a una corrupción generalizada. Esa reacción quiero pensar que se va a producir también en los más altos niveles de la justicia.

-En Granada las decisiones judiciales ya están condicionando los procesos electorales a la vista...

-Es que los procesos electorales son el final del camino y la financiación de los partidos políticos. Todos estos escándalos de corrupción que estamos viendo, sólo en algunos casos se producen para el lucro personal de los políticos, pero el problema principal es la financiación del partido y el proceso electoral. Al final el sufragio se pervierte si metemos dinero clandestino porque no se compite en condiciones de igualdad y porque los elegidos nunca sabemos si después gobiernan en interés de los que les han votado o en interés de los que les han financiado. Y por otra parte, el delito electoral es el gran desconocido. Financiar una campaña con fondos no autorizados es delito, pero no conozco sentencias por delito electoral, y tenemos ejemplos de campañas electorales financiadas masivamente por empresas privadas. La corrupción siempre tiene dos caras, como las monedas. No es solo quién recibe los sobornos, sino quién los paga también, los corruptores. En los casos de corrupción política ¿quién paga? A cambio de ventajas urbanísticas o de la naturaleza que sea, de contratos, de licitaciones de obras, de servicios... Pero ¿quién se está lucrando ? Y no sólo los administradores desleales de la cosa pública, son también los operadores económicos que inyectan dinero de una manera ilegal en ese sistema, en esa playa donde el agua y la arena, que es lo público y lo privado, se encuentran en la contratación.

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