La Audiencia Nacional juzgará a partir del jueves al ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros 23 ex concejales, así como al asesor Juan Antonio Roca, por el caso Saqueo II, consistente en un desvío de al menos 41 millones de euros públicos entre 1994 y 2001 y un fraude a la Seguridad Social de 91,5 millones.

En el banquillo de la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares (Madrid) se sentarán durante al menos cinco días un total de 36 personas, que se enfrentan a penas de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad y contra la Seguridad Social.

Para Julián Muñoz, la Fiscalía Anticorrupción pide 13 años y medio de cárcel por malversación, falsedad y delito contra la Seguridad Social, una pena superior a la que solicita para otros dos ex alcaldes del municipio acusados: Pedro Román, que se enfrenta a 11 años, y Marisol Yagüe, para quien pide tres años y medio.

Los fiscales reclaman además 10 años de cárcel para el asesor urbanístico Juan Antonio Roca, que lleva siete años en prisión como presunto cerebro de la mayor trama de corrupción conocida en España, el caso Malaya, que condujo a la disolución del Ayuntamiento de Marbella.

Esta causa deriva del caso Saqueo I, en el que la Audiencia Nacional juzgó el desvío de 24,3 millones de euros del consistorio a empresas privadas entre 1991 y 1995 y condenó, entre otros, a Roca a 6 años y 10 meses de cárcel y a José Luis Sierra, ex asesor de Jesús Gil que ahora se enfrenta a 9 años y medio, a otros 9 años de prisión.

El juicio se celebrará dos días después de que la Audiencia de Málaga de a conocer la sentencia por blanqueo de capitales contra Julián Muñoz, su ex pareja la tonadillera Isabel Pantoja y su ex esposa Maite Zaldívar por el conocido como caso Pantoja, una pieza del caso Malaya.

Según el escrito de acusación de los fiscales Belén Suárez y José Grinda, en la segunda parte del caso Saqueo se juzgarán una serie de prácticas supuestamente ilegales por las que los acusados desviaron dinero del Ayuntamiento de Marbella cuando lo gobernaba el Grupo Independiente Liberal (GIL) y defraudaron a la Seguridad Social.

De los 36 acusados, 24 son ex concejales del GIL, incluido Muñoz, y el resto abogados y empleados del Consistorio, gerentes y trabajadores de sociedades municipales. También está el arquitecto Carlos Monteverde Gavilanes, que tenía varias empresas que supuestamente sirvieron para apropiarse del dinero público.

El escrito de los fiscales, de 176 páginas, desgrana las prácticas supuestamente corruptas que llevaron a cabo durante años los políticos para quedarse con fondos del Ayuntamiento, en algunos casos mediante la concesión directa del dinero a los concejales aunque en la mayoría a través de un entramado de empresas municipales por las que se ocultaba el saqueo a las arcas públicas. Uno de los métodos fue el encargo a sociedades de Monteverde de trabajos entre 1994 y 2001 correspondientes a 73 proyectos que suponían un gasto para una empresa municipal de 570,9 millones de euros. La Fiscalía cree que de estos proyectos se desviaron 41,8 millones de euros, en algunos casos correspondientes a trabajos que ya hicieron otras empresas y, en otras ocasiones, de labores que las empresas de Monteverde nunca justificaron haber realizado.