El que fuera secretario general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) entre 2004 y 2009 Miguel Lucena Barranquero ha afirmado que la agencia estaba obligada a la firma de los convenios con la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas.

El testigo ha reconocido en su declaración en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que en la agencia existía cierta "tensión" en relación con los convenios particulares que se firmaban con la Consejería de Empleo por la llegada de los fondos, de tal forma que "más que devolver los convenios se podría retrasar la firma por las tensiones o por ganar tiempo para que llegaran los recursos financieros".

Como el anterior secretario general que le precedió en el cargo, Lucena Barranquero ha señalado que los convenios específicos eran "bastante escuetos", dado que contenían dos o tres páginas en las que aparecía la empresa, la cuantía de la ayuda, y la relación de trabajadores beneficiarios de las ayudas, entre otros aspectos.

El testigo ha indicado que cuando en el Consejo Rector de la agencia IDEA se planteaban "preguntas o dudas" sobre estos convenios como no tenían más información de los mismos era el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá el que daba las explicaciones a los otros miembros de este órgano. Y ha agregado que cuando el importe de la ayuda a conceder superaba los 1,2 millones, el Consejo Rector daba su aprobación pero "supeditada a la ratificación por el Consejo de Gobierno" de la Junta de Andalucía, de tal forma que una vez ratificada y publicada en el BOJA, se procedía a su abono, aunque ha recordado que "en un caso" la ayuda no se ratificó por el Consejo de Gobierno, con lo que el acuerdo no se pudo ejecutar.

Según Lucena Barranquero, el director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, uno de los 22 ex altos cargos acusados en este juicio, trató de convencer "en más de una ocasión" a la Consejería de Innovación para que la agencia asumiera las "funciones de apoyo y asistencia al mundo empresarial" y que las ayudas sociolaborales siguieran tramitándose en Empleo, pero la propuesta no tuvo éxito y se les comunicó que "debían seguir como hasta entonces".

Preguntado por la carta que Serrano envió el 19 de abril al entonces director de Trabajo Javier Guerrero anunciando su negativa a firmar nuevos convenios mientras no se arreglara el problema de desfase presupuestario ocasionado por las transferencias de financiación, el testigo ha considerado que la misiva le parece "un poco de pataleo" por parte del director de la agencia, dado que éste "no podía negarse a la firma del convenio".

El testigo sí ha señalado que todos los fondos que se recibían de Empleo iban destinados "al pago de los convenios específicos" y ha afirmado que la agencia "jamás intervino en ningún fase de tramitación de los expedientes".

Sobre los informes de Control Financiero Permanente de IDEA, el testigo ha dicho que no había "recomendaciones específicas" para la agencia y así ha señalado que tras el informe adicional de la Intervención del año 2003 "no hubo ningún cambio porque las recomendaciones y observaciones iban dirigidas a la Consejería de Empleo" y no había recomendaciones específicas para la agencia.

El ex secretario general ha negado que detectaran ningún síntoma de ilegalidad porque, en caso de haberlo apreciado, muchos incluido él habrían "alzado la voz".

Por último, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, le ha preguntado por las afirmaciones de su predecesor en el cargo respecto a que con la llegada de éste y de Viera a la Consejería "succionaron el alma al IFA", una expresión que el testigo rechaza. "No comparto en absoluto ese símil vampirístico, no hay nada de eso ni mucho menos", ha sentenciado el testigo, que ha añadió que en todo caso sería lo contrario, puesto que hubo una "opinión positiva y generalizada" sobre la etapa de Fernández.