La sentencia del Tribunal Supremo, que anula el derecho de los actuales empresarios de playas que ocupan un chiringuito en dominio público marítimo-terrestre sin concesión, afecta a 155 establecimientos de la provincia de Málaga. A la espera del verdadero alcance de esta resolución judicial, la Junta va a crear un grupo de trabajo con representantes del sector para tratar de que no se paralice por completo el proceso para la tramitación de estos expedientes iniciados el pasado abril. Pero la realidad es que no se descarta que finalmente haya que sacar a concurso público de libre concurrencia todos estos títulos concesionales aún pendientes.

Así lo confirmó ayer el consejero de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, José Fiscal, que reconoció que los servicios jurídicos aún no disponen oficialmente de la sentencia y "habrá que ver si algunos de ellos tienen que volver a pasar por exposición pública porque la casuística es amplia". De todas formas, insistió en que, aunque es un "handicap", "le daremos todas las vueltas que sean necesarias para que esto no ralentice el ritmo que había cogido la regularización".

El objetivo es no tener que comenzar desde el principio cada expediente iniciado, aunque la realidad es que la sentencia del Tribunal Supremo anula el reglamento por el que se reconocía el derecho de preferencia para la obtención del título concesional a los empresarios de playas que tuvieran un establecimiento en dominio público marítimo terrestre cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Costas en 2013. En concreto, la resolución de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, hecha pública hace varias semanas, invalida la disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas para dar prioridad a los actuales ocupantes de chiringuitos con concesiones extinguidas o en proceso de tramitación.