Los dos jefes de servicio de Formación que estaban citados a declarar ayer ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, con lo que la ley del silencio se ha impuesto entre estos funcionarios, dado que sólo han declarado finalmente dos de los diez jefes de servicio imputados por la magistrada.

Los dos funcionaros que se negaron ayer a declarar son el jefe de servicio de la delegación provincial en Sevilla Daniel Fito García y el jefe de formación de la delegación de Córdoba, Manuel Gavilán Jiménez.

Con estas comparecencias, la instructora cerró las declaraciones de los diez jefes de servicio de Formación imputados, de los cuales ocho se han negado a declarar y sólo dos han accedido a prestar testimonio, uno de los cuales negó haber recibido "órdenes ilegales" de sus superiores en relación con la justificación de las subvenciones, mientras que el otro dijo que advirtió "falta de atención" y "laxitud" en sus superiores sobre este asunto.