Hasta seis consejeros bajaron a la sala de prensa del Palacio de San Telmo para presentar el decreto. Fue el 9 de marzo, apenas cinco días antes de que el Gobierno central decretarse el estado de alarma en todo el país por la pandemia del Covid. La presencia de tantos miembros del Ejecutivo de Juanma Moreno estaba más que justificada: el llamado decreto de simplificación es la mayor apuesta legislativa y económica de los nuevos dirigentes de la Junta; un artefacto desregulatorio que engarza con el proyecto liberal de PP y Ciudadanos; es el cambio político, más allá del relevo de las personas. Pero tres meses después, y sin que nadie lo previese, el decreto está en entredicho, varios artículos están suspendidos por el Constitucional, donde ya hay tres recursos de inconstitucionalidad.

El Gobierno andaluz ha trabajado desde inicios de este año en un gran programa desregulatorio de los trámites burocráticos a los que tienen que hacer frente las empresas en la comunidad. Es un empeño especial del consejero de Economía, Rogelio Velasco, que lleva años atacando la locuacidad legislativa de los parlamentos autonómicos. Las Cámaras autonómicas españolas duplican, en peso de papel, el trabajo de los lander alemanes, se han aprobado leyes para todo, se han duplicado sin sentido los textos estatales y los excesos regulatorios han comprometido muchas inversiones.

Este es el planteamiento general del problema que se hizo el Gobierno de Juanma Moreno, de modo que, tras varios meses de trabajo, San Telmo aprobó un decreto que modificaba 21 leyes andaluzas y seis reglamentos. Todo en un mismo texto. Según el cálculo de Rogelio Velasco, las empresas andaluzas se enfrentan a 872 procedimientos normativos y este decreto, el que va a ser el primero de una larga tendencia, acaba con el 25% de ellos. También según los cálculos del consejero, el PIB andaluz se incrementaría un 2,5% en varios años gracias a esta desregulación que afecta a una miríada de procedimientos: urbanísticos, turísticos, de catalogación del vino, de la pesca y la acuicultura, del medio ambiente...

Cuando se envió ese documento el 9 de marzo al Parlamento no se preveía mucha oposición. Pero los problemas, cuando no la sorpresas, surgieron pronto.

Las emisoras de radio

La principal organización de radios comerciales de España puso el grito en el cielo. Entre tantas reformas económicas, alguien había colado de rondón una legalización encubierta de emisoras de radio sin licencia en Andalucía. Por medio de una modificación legal, se permitía a éstas emisoras piratas emitir publicidad institucional y a las radios municipales ser administradas por entes privados. El mapa andaluz de radios dejaba un hueco en los municipios para que hubiese emisoras del ayuntamiento y privadas; por eso, las primeras no podían ser gestionadas por entes de capital privado.

La sorpresa fue mayúscula, nadie, ninguno de los consejeros, había informado de esto, se trataba de una reforma del Gobierno andaluz para solucionar un problema de una cadena nacional, la Cope. La misma organización española de radios que pidió al Ejecutivo de Moreno que retirase este aspecto señaló que no podía ejecutarlo, porque esta regulación es una competencia estatal.

Los problemas del decreto son dos, uno de fondo y otro de forma. El Gobierno de España, una vez aprobado el decreto el 2 de abril en la Cámara andaluza, recurrió varios artículos, los relacionados, en efecto, con las radios y uno más con el Patrimonio Histórico. Este segundo se debe a que la Junta autoriza sin más las obras en los alrededores de bienes catalogados por Patrimonio, cuando antes había que solicitar un permiso a la Consejería competente. El Gobierno central entiende que hay un conflicto de competencias porque esta protección es un precepto estatal constitucional.

El Gobierno central envió al Constitucional esos apartados de dudosa competencia, y el tribunal los ha dejado suspendido hasta que se pronuncie. Esto es una prerrogativa del presidente del Gobierno, puede solicitar la suspensión temporal de leyes que haya recurrido al Constitucional. 

Esto es lo que se refiere al fondo. La oposición socialista critica otros aspectos, como la desregulación de la construcción de campos de golf, pero no es lo que ha recurrido. Es más, el portavoz adjunto del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, elogia algunos aspectos del decreto, como el que acorta los plazos para aprobar los planes urbanísticos municipales. De hecho, lo del golf no es tanto una medida de profundo calado, sino el final de una moratoria que el último Gobierno de Manuel Chaves impuso a los campos con viviendas residenciales a su alrededor en unos momentos en que la burbuja urbanística había esparcido proyectos por todas las provincias.

Y en esto llegó la pandemia.

En la diputación permanente

Aunque el Gobierno aprobó el decreto el 9 de marzo, estaba pendiente la convalidación por el Parlamento. La alianza de PP y Ciudadanos con Vox le aseguraba el respaldo, pero el Parlamento cerró sus puertas, suspendió las sesiones y quedó al mando de una diputación permanente. Como cuando hay vacaciones parlamentarias.

El Parlamento ha argumentado que carecía de un sistema telemático que sustituyese a la presencia de los diputados autonómicos, pero el Gobierno andaluz quiso que el 2 de abril se convalidase este decreto. No por el pleno, sino por la diputación permanente.

Los senadores socialistas han presentado un recurso de inconstitucionalidad por esta forma de aprobación. En su escrito, elaborado por la catedrática de Constitucional Ana Carmona, sostienen que la forma del decreto no está justificado, porque no existe una razón de extrema urgencia, y mucho menos que sea aprobado por una diputación permanente, no por el pleno.

El Gobierno ha introducido el factor de la pandemia como una de las causas que le llevan a aprobar este decreto, aunque lo cierto es que llevaban trabajando en el texto desde, al menos, febrero. Más dudoso resulta que no esperase a que el Parlamento recuperase sus sesiones habituales y optase por aprobarlo en la diputación. Así se ha ahorrado, por ejemplo, dar explicaciones al pleno del porqué se han introducido reformas tan de parte como la de las emisoras sin licencia.

A diferencia del recurso del Gobierno central, el de los senadores socialistas se presenta contra la totalidad del decreto. Pero no va a ser el único. Varios diputados socialistas estudian también solicitar el amparo del Constitucional porque se les ha hurtado la representación popular a la hora de aprobar el decreto. Ya lo han hecho los parlamentarios de Unidas Podemos, y ahora es posible que un nutrido grupo de socialistas acuda al Constitucional con un planteamiento similar.

El Gobierno andaluz ha reaccionado al primer recurso, el del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según explicaron el vicepresidente Juan Marín y el portavoz Elías Bendodo, están dispuestos a negociar con el Gobierno la retirada de los artículos que pueden invadir competencias. Si hay acuerdo, se retiraría el recurso. Más difícil de entender es lo que ha querido decir Juan Marín cuando ha anunciado que el decreto volverá al Parlamento para ser discutido como ley.

Si fuese así, podrían solventarse los problemas de origen, pero para ello el Gobierno andaluz tendría que retirar el propio decreto. Es decir, antes de llevarlo como un proyecto de ley, habría que anular lo aprobado. Y es una opción posible, porque el Ejecutivo de Juanma Moreno cuenta con apoyos suficientes para respaldarlo en el Parlamento.