La juez Mercedes Alaya continuó ayer, por sexta jornada, la comparecencia de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el dictamen que constituye la principal baza de la acusación en el caso de los ERE fraudulentos. En la sesión de ayer, que tuvo que interrumpirse a mediodía porque uno de los cuatro peritos se sintió indispuesto -se reanudará esta mañana-, volvió a producirse una "tensión técnica" entre los peritos y los abogados de la defensa que están tratando de desmontar las tesis acusatorias que su informe avala.

Según fuentes del caso, algunas de las preguntas planteadas a estos peritos en la sesión de ayer pusieron en "evidencia" los supuestos "puntos débiles" del informe pericial. Una prueba del alto nivel técnico y del debate que se está produciendo en la Sala es que los peritos tuvieron que emplear en alguna ocasión hasta más de 20 minutos para responder a alguna pregunta, y a pesar de ese tiempo las respuesta tampoco dejaron satisfechos a los abogados de la defensa.

Según estas fuentes, las discrepancias entre las tesis de los peritos y las que sustentan las defensas, como es lógico, son enormes, y muchas de las preguntas que se plantearon a los expertos de la IGAE les colocaron en una situación "incómoda".

La juez Mercedes Alaya retomará esta mañana la comparecencia de los peritos, a los que en principio formularán sus preguntas los dos últimos letrados de la defensa que aún tienen que intervenir para someter a contradicción el dictamen pericial. Esta sesión sería, si se cumplen las previsiones, la última de la ratificación del informe, que comenzó el pasado 25 de febrero, y en ese caso se cumpliría la intención de la magistrada de finalizar el proceso de ratificación del informe pericial antes de que se inicie la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo día 22.

En las sesiones anteriores, los peritos han insistido en el uso "inadecuado e improcedente" que se realizó de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas que están siendo investigadas en el caso de los ERE y sostuvieron que tenían conocimiento del sistema fraudulento desde las consejerías implicadas hasta el propio Consejo de Gobierno de la Junta.