Andalucía

Los trabajadores sociales reclaman a Igualdad la garantía de sus servicios

  • Los profesionales solicitan que la nueva norma autonómica no esté supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la Junta.

Satisfacción con reservas. Así reciben los trabajadores sociales de Andalucía el proyecto de ley de servicios sociales, que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó a principios de año. Las reservas se deben, sobre todo, al rechazo a que haya determinadas prestaciones que estén supeditadas a la disponibilidad presupuestaria. Es una de las líneas rojas que pone el Consejo Andaluz de Colegios de Diplomados en Trabajo Social al valorar una norma que comenzó en enero su trámite parlamentario.

Lo hacen desde la legitimidad que la propia ley les otorga, puesto que reconoce a sus miembros como trabajadores de referencia en "la prescripción facultativa de recursos y prestaciones sociales" en colaboración con psicólogos y educadores sociales.

A pesar de su satisfacción con esta parte del articulado -y otras como la creación de una tarjeta social personalizada o el mantenimiento de las unidades de trabajo social- tienen otras líneas rojas y una petición por encima de las demás: la creación de un sistema "público y cohesionado" gestionado de forma homóloga a la que hace el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la atención sanitaria.

Entre las líneas rojas que pretenden que la ley garantice, además de la mencionada independencia de las contingencias presupuestarias- destaca la intención de que el sistema sea universal, es decir, que "una situación administrativa irregular" no prive a los empadronados en Andalucía de recibir estos servicios. Además, para garantizar el carácter público del sistema, los trabajadores sociales consideran que todas las competencias deberían estar bajo el paraguas de una misma entidad, ya sea la consejería correspondiente o una entidad creada a estos efectos.

El objetivo de este colectivo es participar de una forma u otra en la redacción de esta ley, a cuyo anteproyecto presentaron 178 alegaciones antes de su llegada al Consejo de Gobierno. Por ese motivo se han reunido ya tanto con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales -con buena disposición, aseguran- como con los distintos grupos de la Cámara andaluza.

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