La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia el proceso por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha rechazado la petición que ejerce la acusación popular del PP para que se investigue a la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, en relación con una documentación oficial entregada y que los populares consideraban que era falsa, algo de lo que el tribunal no aprecia indicios "por mínimos o difusos que sean" de ese supuesto delito.

En una providencia, el ponente de la causa, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, explica que el tribunal no considera procedente la deducción de testimonio que solicitaron los populares por si la documentación aportada fueran constitutivos de un delito de falsedad documental y/o estafa procesal, y lo argumenta de forma contundente. "No apreciamos indicios, por mínimos o difusos que sean, de que tales hechos revisten caracteres delictivos en los defectos observados por la parte en la validación y en la integridad de la documentación aportada", asevera el juez.

La documentación fue aportada como prueba por el abogado José María Mohedano el pasado 5 de abril y se trataba de un acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2004, en el que se aprobó una modificación presupuestaria del Servicio Andaluz de Empleo por importe de 2,9 millones de euros. Ese documento llevaba una fecha y un sello distinto al que la Junta había remitido en su día al juzgado de Instrucción número 6, que investigó los hechos.

Los populares pidieron la deducción de testimonio y que se enviara a los juzgados de instrucción para que se investigaran esos posibles delitos, pero el tribunal ha rechazado la petición, "sin perjuicio" de que el PP pueda presentar una denuncia "si a su derecho conviniere".

El tribunal, además de los motivos mencionados, recuerda que el procurador de Griñán, al aportar la documentación entregó una comunicación remitida por la Consejería de la Presidencia, en la que se indicaba que se adjuntaba la aprobación por el Consejo de Gobierno de esa modificación presupuestaria adoptara en su reunión del "28 de diciembre de 2004", pero "como complemento a dicha certificación", se le adjuntaba "nuevamente la copia del citado acuerdo expedida el 30 de diciembre de 2004, que es copia compulsada del original que obra en el secretariado del Consejo de Gobierno, constituyendo a todos los efectos certificación formal del acuerdo". 

Igualmente, se adjuntaba copia de la documentación del expediente que fue remitida por la viceconsejería de Economía y Hacienda al secretaria del Consejo de Gobierno mediante fax, que constaba de varios documentos -como la solicitud de modificación presupuestaria y la memoria justificativa, entre otros-, y también se aportaron copias de las "tres certificaciones del acuerdo que obran en el expediente, que fueron expedidas el 28 de diciembre de 2004 a la Viceconsejería de Economía, el 30 de diciembre de 2004 a la Viceconsejería de Empleo, y el 30 de diciembre de 2004 a la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo".

Y además ponía de manifiesto que los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta se certifican a los organismos y entidades a los que afectan, "así como cuantas veces sea necesario, siendo la fecha de certificación la de su expedición, que puede coincidir o no con la fecha del acuerdo".