Casi cuatro meses después de que se iniciara el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE y con más de 30 sesiones celebradas, la vista oral entra en la recta final en lo que se refiere a las declaraciones de los 22 ex altos cargos acusados. Una vez que concluya -previsiblemente, en la sesión de hoy- el interrogatorio del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, le llegará el turno a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

De esta forma, Griñán podría comenzar su declaración, como muy tarde, en la sesión de mañana y, en función de lo que se prolongue, Chaves podría comparecer en la sesión del miércoles por la tarde o, incluso, comenzar a declarar al lunes siguiente, el 16 de abril, lunes de Feria. Griñán y Chaves declararán cuando lo han hecho ya la mayoría de los 22 ex altos cargos.

Será la segunda vez que el ex presidente José Antonio Griñán presta declaración sobre el caso de los ERE, después de la comparecencia que realizó el 9 de abril de 2015 ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, donde estuvo declarando durante unas cuatro horas.

En aquella declaración, Griñán derivó la responsabilidad del fraude a la Intervención General de la Junta, cuyos informes alertando de las irregularidades aseguró que nunca recibió, y a la Consejería de Empleo, que era la encargada de controlar el gasto por el pago de las ayudas que se encomendaba al IFA/IDEA mediante el uso de las transferencias de financiación.

Griñán, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama en este juicio una condena de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, defendió entonces que la Intervención no advirtió de "ilegalidades" y sólo apreció una "discrepancia contable", y sostuvo que asumió su "responsabilidad política" al renunciar a su acta de senador. A su salida de declarar en el Supremo, Griñán afirmó a los periodistas que no cree que hubiera "un gran plan" para defraudar en el caso de los ERE, pero sí reconoció, para asombro de muchos, que "hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar".

Aquella declaración ante el instructor del Supremo, el magistrados Alberto Jorge Barreiro, no le resultó cómoda a Griñán si se tienen en cuenta los continuos reproches que se le hicieron en el interrogatorio el juez y los fiscales sobre su actuación ante los informes que la Consejería de Economía y Hacienda recibió del interventor general de la Junta, en los que se alertaba de las irregularidades en las ayudas.

El juez cuestionó que la entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no le trasladara las advertencias que la Intervención le hizo "seis veces de palabra" por lo menos en el periodo de un año.

"Con arreglo a las máximas de la experiencia, no parece razonable que a la segunda persona de más confianza, la que tiene usted debajo y a la que da confianza en su labor diaria, le hagan estas advertencias alarmantes por parte de este superjefe de la Intervención en Andalucía, y a su vez esta señora, año tras año, no le dé cuentas a usted de estos déficits ni le dé cuenta de los incumplimientos procedimentales", manifestó el magistrado, quien le espetó que "las máximas de la experiencia no son muy coherentes con lo que usted me ha contado".

Griñán se defendió alegando que no se elevaron los informes porque "en ningún momento se proponía una actuación del consejero" y porque, además, él no tenía competencias para intervenir sobre otra Consejería -en alusión a Empleo- en la ejecución del gasto.

Los fiscales del Supremo también le censuraron que no tuviera conocimiento de las deficiencias apreciadas por la Intervención, criticándole que "no cabe en cabeza humana" que el Gobierno andaluz no actuara ante un sistema que se creó "en el limbo de la fiscalización". "La Consejería de Economía no se entera, el director general de Presupuestos no se entera, el director de Planificación tampoco... ¿Nadie se enteraba de nada?", le preguntó uno de los fiscales.

Los representantes del Ministerio Público admitieron que, quizás, la Intervención "no ha ejercido sus funciones bien, pero que ustedes no tenían conocimiento no puede afirmarlo así. Es imposible", sentenció el fiscal, quien recordó que todos los informes tenían como destinatario a la viceconsejera, pero en los mismos se hacía constar "para su conocimiento y traslado al consejero", si bien la ex viceconsejera Carmen Martínez Aguayo ya afirmó en su día que nunca trasladó ninguno de los dictámenes a Griñán.

A la declaración de Griñán, que podría consumir las sesiones del martes y el miércoles por la mañana, seguirá la de Manuel Chaves, quien también declaró ante el instructor del Tribunal Supremo el 14 de abril de 2015.

A diferencia de Griñán, la Fiscalía sólo acusa a Chaves de un delito continuado de prevaricación, por el que le reclama una condena de diez años de inhabilitación. En su declaración ante el Alto Tribunal Chaves sostuvo que ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE y tampoco las hubiera permitido en caso de saberlo.

El ex presidente defendió que "nunca" conoció esos reparos del órgano de control y también afirmó que "no conocía nada" de las transferencias de financiación al IFA en los años 2000 y 2001 en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, ni tampoco conocía el convenio marco del 17 de julio de 2001.

Tanto el instructor del Supremo con la Fiscalía asumieron por completo las tesis que en su día acogió la juez Mercedes Alaya en la exposición razonada que elevó al Alto Tribunal, llegando a reprochar el "descontrol absoluto" que a su juicio se produjo en relación con las ayudas bajo sospecha.

El instructor del Supremo planteó a Chaves en su interrogatorio si se "sintió engañado" por su entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, o por la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, por no haberle dado supuestamente traslado de los informes de la Intervención que alertaban de las irregularidades.

Chaves respondió que todo lo que se aprobaba en el Consejo de Gobierno se hacía con la convicción de que "era legal" y defendió que ni el consejero de Empleo ni el de Economía y Hacienda, "José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez en ningún momento" le informaron de ninguna irregularidad en el procedimiento de ejecución de las ayudas.

En otro momento, el magistrado le dijo a Chaves que le causaba "cierta extrañeza como juez" que el presidente de la Junta, "con la actividad política que tenía", no conociera el convenio marco de 2001 por el que durante una década se concedieron las subvenciones ni cómo se estaban otorgando.

Una vez que declaren los ex presidentes, le tocará el turno al último acusado, el ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García.