A la par que se va recuperando la compraventa de viviendas en la provincia de Sevilla, las estadísticas reflejan también que disminuyen las ejecuciones hipotecarias presentadas por los bancos ante los juzgados. Recordemos que una ejecución hipotecaria es un procedimiento judicial tramitado en los Juzgados de Primera Instancia, que permite exigir al hipotecado el pago de las deudas. En caso de no pagar lo adeudado, el juzgado procede a subastar el bien inmueble y al desalojo, forzoso o no. 

De esta forma, según un informe de la Unidad de Prospección y Análisis de la Diputación de Sevilla, los procedimientos judiciales de ejecuciones hipotecarias iniciados en el cuarto trimestre de 2015 en la provincia de Sevilla han sido 938, lo que supone un descenso respecto al mismo periodo del año anterior un de 1,88% cuando se iniciaron 956 ejecuciones hipotecarias. Respecto al trimestre anterior las ejecuciones hipotecarias en Sevilla aumentaron un 30,46%, igual que en Andalucía (+34,42%) y en España (+7,13%). Sin embargo, y en positivo, para el total del año 2015, estos procedimientos han descendido un 8,03%, ya que el total de 2015 fue de 3.575, mientras que en 2014 de iniciaron ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, en cuanto a los lanzamientos practicados, es decir, los desahucios propiamente dichos, en el cuarto trimestre de 2015 se han practicado 308 lanzamientos en la provincia, de los cuales un 39,6% corresponden a ejecuciones hipotecarias (es decir, desahucios por impagos de hipotecas), un 51,6% a desahucios de arrendamientos urbanos arrendamientos y un 8,8% a otras causas. 

Estos 308 lanzamientos suponen una bajada del  15,38% respecto al mismo trimestre de 2014. Este descenso se producido en los tres tipos de procedimientos objeto de los desahucios, especialmente a la bajada en los desahucios en los desahucios por ejecuciones ejecuciones ejecuciones hipotecarias hipotecarias (-20,78%). Respecto al trimestre anterior los desahucios también descendieron descendieron (-2,53%). 

Fuentes de La Caixa en Sevilla explican que "los bancos debemos  aplicar un Código de Buenas Prácticas, que establece dos alternativas para el afectado antes de llegar a una ejecución hipotecaria: o bien negociar el pago de una cuota mínima o llegar al acuerdo de un alquiler solidario", aseguran.