"Estamos en el mes de junio y aun seguimos sin saber de forma certera y oficial si podremos invertir el superávit que las entidades locales fuimos capaces de generar en 2016, porque el Gobierno mantiene el condicionante de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para que esas partidas puedan liberarse con ese fin".

Así de tajante volvió a mostrarse el presidente de la Diputación de Sevilla en la comparecencia pública que realizó ayer, tras una reunión en la que han estado presentes los máximos responsables de las seis corporaciones provinciales regidas por socialistas.

Villalobos reclama que se "amplíe la tipología de inversiones" y se dé "autonomía suficiente"

En sus declaraciones, el mandatario provincial sevillano reiteró que le "preocupa cuál será finalmente el margen de maniobra que tendrán para invertir las partidas del superávit de 2016", que en el caso de la Diputación de Sevilla asciende a un total de 60 millones de euros.

En relación a esta situación de incertidumbre, Villalobos manifestó que "es imprescindible que arranquemos ya con la planificación de obras, como de hecho estamos haciendo algunas administraciones provinciales, porque si no no contaremos con el tiempo suficiente para adjudicar y ejecutar las obras".

Al hilo de la tipología de esas obras y conceptos a los que pueden destinarse las inversiones del superávit, el mandatario provincial volvió a afear al Gobierno el hecho de que "las entidades locales no podamos gastar esas partidas en lo que los propios ayuntamientos y diputaciones decidan, lo que significa que el ejecutivo central está cometiendo una grave injerencia en nuestra autonomía municipal. Estamos de acuerdo en no incrementar los gastos de estructura, pero hay casos, como por ejemplo la adquisición de nuevos vehículos de policía local o bomberos, que no supone aumentar el personal y sí una renovación necesaria en muchos ayuntamientos".

Es por eso que el presidente reclamó "que se amplíe la tipología de inversiones que pueden acometerse con el superávit y se dé autonomía suficiente a las entidades locales para decidir en este asunto, siempre que no se incrementen gastos de estructura. No pedimos ningún compromiso presupuestario al gobierno, solo que nos deje invertir el superávit en aquello que cada ayuntamiento determine que hace más falta en cada localidad".

Entre los asuntos tratados también en la reunión mantenida ayer destacaron el Plan de Caminos Rurales que podrán en marcha las diputaciones a través de un convenio firmado con la Junta de Andalucía y que supondrá una inversión de más de 100 millones en la comunidad y la aplicación del grado 1 de la Ley de Dependencia en los municipios más pequeños.

Además, los presidentes compartieron experiencias sobre la implantación de la administración electrónica en los municipios.