La Diputación Provincial ha realizado una nueva edición del Plan de Urgencia Municipal del Área de Cohesión Social e Igualdad, que, desde el año 2009, está sirviendo para que personas en riesgo de exclusión social, que son detectadas por los Servicios Sociales de cada municipio, puedan acceder a contratos temporales en sus localidades. "Esta es una nueva apuesta por un programa que ha servido para aliviar la situación de muchas familias. Desde el año 2009 Diputación ha aportado un total de 59 millones de euros a los que se suman los 8,2 millones de euros de los ayuntamientos", explicó el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. En esta edición Diputación aportará cinco millones de euros.

En esta ocasión, y fruto de la experiencia acumulada en todos estos años, se han introducido una serie de modificaciones. La primera de ellas son las condiciones que deben cumplir los destinatarios. Ahora se incluyen familias que tengan a jóvenes con dificultades sociales que les impiden continuar con sus estudios en Ciclo formativo de grado Superior o estudios universitarios.

Asimismo, se sube el referente del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, de tal forma que familias que ahora tienen un poco más de medios económicos, "sin ser mucho", como ha puntualizado el presidente provincial, también puedan seguir acogiéndose a estos contratos: familias de un solo miembro, hasta 1,5 veces IPREM, familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM y familias de 3 o más miembros, hasta 2 veces IPREM. "De este modo se da cobertura a una franja de población que si bien no están en la horquilla de la vulnerabilidad sí lo están pasando económicamente mal y tienen dificultades para que sus hijos e hijas continúen con los estudios"

Otra de las novedades es con respecto a la cofinanciación, modificándose las aportaciones municipales y bajando los porcentajes en 90 municipios. Es decir, que los ayuntamientos ponen menos "gracias a los esfuerzos de la Diputación", explicó Villalobos. De esta forma, las 45 localidades menores de 5.000 habitantes pasan a tener una aportación del 0% en este PUM. Antes eran solo 6 los que no tenían que aportar nada. No obstante, Villalobos ha matizado que "dejamos las puertas abiertas a aquellos ayuntamientos que sí quieran cofinanciar, pues si destinan más, se podrán realizar más contrataciones".

En el otro extremo, aplicando como siempre criterios de solidaridad interterritorial, los municipios mayores de veinte mil habitantes aumentan las aportaciones en un 3%. De este modo, las aportaciones de los pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes será de un 5%; de 10.000 a 20.000, 10%; de más de 20.000, 23% y de más de 50.000, un 28%.

Una novedad más es la modificación en el procedimiento de tramitación, con objeto de agilizar la concesión de estas ayudas. Así, se ha cambiado el procedimiento administrativo y, en lugar de realizar una convocatoria a través de la cual los ayuntamientos debían solicitar su adhesión al programa, en esta ocasión se realiza mediante una concesión directa de subvenciones. Una concesión directa mediante Resolución de la Presidencia, consensuado previamente con la Secretaría General y la Intervención de Fondos. De esta forma los ayuntamientos y entidades locales autónomas solo deberán presentar su compromiso de ejecución del Programa y el de la cofinanciación, caso que lo hagan, una vez les sea notificada la Resolución.

Con esta medida de concesión directa, se garantiza que ninguna entidad local quede fuera del Programa, evitando así los problemas que han existido en anteriores ediciones en ese apartado.

En lo que respecta a la duración de esta nueva edición del PUM, ésta ya se ha iniciado el pasado lunes 23, y finalizará el 31 de diciembre de este mismo año.