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Economía

La equiparación de temporales y fijos "aboca al contrato único"

  • El catedrático Cruz Villalón ve "razonable que se corrija la sentencia" por sus repercusiones.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que equipara las indemnizaciones por despido de trabajadores temporales y fijos ha provocado un terremoto jurídico-económico de consecuencias aún impredecibles, porque pone en cuestión una característica esencial del mercado de trabajo español.

De facto, la sentencia prohíbe a España discriminar en las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos y temporales, de forma que ambas categorías de asalariados deberán recibir una compensación económica de 20 días por año trabajado.

El fallo, que da la razón a la trabajadora interina del Ministerio de Defensa Ana de Diego Porras, afirma que los contratos temporales deberán tener la misma indemnización que los indefinidos (esos 20 días por año trabajado), y esto deberá ser aplicable a los interinos y, según la interpretación, también a todo empleado con contrato temporal.

"Con la sentencia en la mano, que es firme y crea jurisprudencia, los jueces de lo Social españoles tendrían que conceder esa indemnización a los trabajadores temporales que sean despedidos", según opina Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, quien considera que, de mantenerse esta doctrina, "obligaría a una urgente reforma legislativa" en España, "porque la regulación actual contraviene una Directiva europea que prohíbe la discriminación a la hora de indemnizar los despidos".

A juicio del experto, la interpretación que hace de la Directiva el tribunal "aboca al contrato único" y no sólo en España, "porque la diferencia a la hora de compensar el despido también se da en otros países de la Unión, como por ejemplo Francia", agrega Cruz Villalón.

"Se trata de una sentencia muy novedosa" que ha causado gran "sorpresa" porque no se esperaba que un caso tan singular como el de la interina de Defensa alterase "algo que hasta ahora se veía lógico: que la indemnización por despido de un trabajador temporal fuese inferior", afirma el catedrático, refiriéndose no sólo a la cuantía sino al cálculo de ésta en sí.

Las repercusiones para el mercado laboral español son inmensas, porque como incide Cruz Villalón, cada año se hacen 14 millones de contratos no indefinidos, algunos por una duración tan corta como un día. "Actualmente hay cuatro millones de trabajadores temporales en España que podrían reclamar ser indemnizados con 20 días por año trabajado según este fallo". El fallo no podría aplicarse con carácter retroactivo, como han opinado, por ejemplo, las centrales sindicales españolas, pero sí a todas las reclamaciones que estén ya en curso o a despidos todavía en plazo de llevar al ámbito jurisdiccional de lo Social.

Aunque la decisión judicial "es firme y crea jurisprudencia", en opinión del catedrático sevillano "lo razonable es que se corrija la sentencia". La decisión ha sido tomada por tres magistrados del TJUE y no por la Gran Sala del mismo -integrada por 15 juzgadores- pese a ser un asunto con una gran trascendencia social y económica. Además, el abogado general del Tribunal no consideró procedente presentar un informe de recomendación.

El catedrático de la Universidad de Sevilla considera que "falta argumentación" en el fallo para sustentar la decisión de equiparar las indemnizaciones. "Sí, opino que la Gran Sala podría corregirla", sentenció. Y añadió: "De haber sido de la Gran Sala la consideraría incorregible".

Para que pueda corregirse, "la forma más rápida sería que algún juez de lo Social plantease dudas al TJUE" sobre el criterio que aplica este fallo y que ha generado una fuerte controversia. Eso daría la oportunidad a que se viese por la Gran Sala y a que informase el abogado general, a juicio de Jesús Cruz Villalón, quien admite que el proceso puede ser lento y opina que el Gobierno español ha pecado de "exceso de confianza" en que no podría perder este pleito. "Podía haber hecho más por hacer ver al TJUE la trascendencia de las consecuencias que tiene una decisión como ésta", dijo.

El impacto sería muy grande en sectores clave para Andalucía, como la hostelería o la agricultura.

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