Los líderes se han puesto al habla. El contencioso abierto entre España y Reino Unido a cuenta de los últimos incidentes en la frontera de Gibraltar, y las posteriores declaraciones, más o menos provocadoras, tanto de los ministros de Exteriores José Manuel García-Margallo y William Hague, sumadas a las del ministro principal de la colonia británica, Fabian Picardo, han dejado paso, al fin, a la necesaria llamada entre los dos máximos responsables de los estados soberanos implicados en un conflicto arraigado en el tiempo y de tensión intermitente. El paso lo ha dado el primer ministro británico, David Cameron, que calificó de “constructiva llamada” la charla teléfonica mantenida con Mariano Rajoy ayer por la mañana durante diez minutos –a partir de las 10:15, según informó La Moncloa en un comunicado– para trasladarle su “gran preocupación” por la situación que desde hace semanas sufren los vecinos del Peñón y la comarca del Campo de Gibraltar, dos territorios vecinos condenados a entenderse.

“Le he dejado claras mis preocupaciones sobre Gibraltar y que nuestra posición sobre la soberanía no cambiará”. Ése es el mensaje a modo de resumen que quiso trasladar Cameron a través de su cuenta en la red social Twitter. La valoración del Gobierno español la realizó el propio gabinete del presidente en términos que han dado paso a una exquisita diplomacia que ha brillado por su ausencia estos días atrás. “Las relaciones bilaterales entre España y el Reino Unido son las de países socios, amigos y aliados, lo que implica que los conflictos que surjan entre ambos se tendrían que gestionarse con honestidad y transparencia, en un diálogo bilateral enmarcado dentro del respeto a la legalidad internacional, europea y nacional”. 

Para Rajoy, “el acto unilateral de la instalación de los bloques de cemento en la Bahía de Algeciras” ha provocado en España “un profundo malestar y una gran preocupación en el medio ambiente y la actividad pesquera”. De hecho ha sido el lanzamiento de hormigón a un caladero de la Bahía, con la consiguiente inutilización para los barcos de la zona, la espoleta que ha puesto al rojo vivo las relaciones entre Gibraltar y España. Y la razón por la que los controles policiales a la entrada y la salida de la colonia se han multiplicado, según han denunciado gibraltareños y turistas que han cruzado la Verja estas semanas. Para el Gobierno español, sin embargo, estos controles “obedecen al cumplimiento de su obligación de control para evitar tráficos ilícitos” y el celo con el que la Guardia Civil y la Policía Nacional realizan su trabajo en el puesto fronterizo se adecua “perfectamente con el Código de Fronteras Schengen guiándose exclusivamente por los principios de aletoriedad, proporcionalidad y no discriminación”. 

El contacto Cameron-Rajoy, en el marco de una polémica que ha venido a ocupar las portadas de verano, con más o menos fortuna, de diarios nacionales e incontables horas de tertulias de televisión, dejará paso, según el comunicado de La Moncloa, al contacto que entablarán “inmediatamente” Margallo y Hague para abordar “el diferendo”.

Un discrepancia que se sufre en primera persona en un paso fronterizo calificado de “tercermundista” por las dos organizaciones mayoritarias en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, SUP y AUGC, respectivamente. Con el lema Policías de España en conflicto, Francisco Camacho, uno de los agentes concentrados frente a la Verja, denunció ayer a este medio “la falta de seguridad de los compañeros”, apenas 24 horas después de que, en medio de esta extraordinaria escalada de tensión entre comunidades vecinas, un coche que portaba varias cajas de tabaco de arrollara a un agente de la guardia civil cuando realizaba un rutinario control en la aduana. El conductor desoyó la orden de detenerse y arrolló al agente arrastrándole durante varios metros y causándole heridas “de consideración”, según el comunicado leído por los líderes sindicales del SUP y el AUGC.

Este incidente, que no es extraño en una línea fronteriza en la que se lucha contra el contrabando ilegal de tabaco, se suma al “escrache digital” que han padecido los agentes después de que se difundieran en páginas de internet fotografías y amenazas a los agentes que trabajan en la Verja. “Nos están utilizando de chivo expiatorio en un conflicto político en el que no tenemos ningún protagonismo, es un problema que requiere de manera urgente soluciones por esa vía”. Para este agente vecino de Algeciras, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a este puesto de control están “soportando las incompetencias de ambos gobiernos”. Una incompetencia, insiste Camacho, que no es de nuevo cuño, desde el lanzamiento de bloques de hormigón o siquiera desde la llegada de Fabián Picardo al gobierno de La Roca, sino que se arrastra de años atrás, posiblemente, desde la reapertura de la Verja en 1982. “Si hay colas es, entre otras razones, porque este puesto de control es tercermundista. Con la afluencia que tiene esta frontera es de locos que sólo haya un carril de entrada a Gibraltar”, razona. “En una frontera de diez metros, el ciudadano tiene que asumir colas; los controles se hacen de manera aleatoria pero hay que hacerlos, es nuestro deber y obligación”, explica este agente que no ha tenido “en absoluto” roces con los colegas británicos del Servicio de Inmigración del Cuerpo de Frontera y Guardia Costera. 

Más allá de los acuerdos políticos al que traten de llegar los gobiernos español y británico acerca de la dimensión marítima y terrestre de Gibraltar, el SUP y el AUGC reclaman de manera inmediata la ampliación de la frontera para que haya, al menos, cuatro puestos fronterizos y el acceso y salida de la colonia se realice de manera más fluida tanto para los vecinos de la colonia que trabajan allí pero residen fuera como para los vecinos de La Línea y los municipios de la comarca que tienen en La Roca y sus negocios su sustento, más de 4.700 según los cálculos de la Asociación de Trabajadores españoles en Gibraltar.