La Guardia Civil celebra el próximo día 28 de junio la subasta pública de 1.300 armas que están depositadas en la comandancia de Sevilla, en el cuartel de Montequinto. Más de la mitad de estas armas -en concreto, 889- son escopetas de caza. También hay 205 pistolas, 107 revólveres, 76 carabinas y 23 rifles. Entre las piezas que salen a subasta hay algunas armas singulares, como algunas pistolas antiguas y otras de avancarga, que son aquellas en las que el proyectil se introduce por la boca del cañón y no por la parte trasera.

Esta semana, entre los días 20 y 24 de junio, las armas estuvieron expuestas al público para que todo aquel que quisiera pujar  por ellas pudiera verlas y depositar una fianza de cara a la subasta del día 28. Hay precios de todo tipo, desde el simbólico de un euro hasta los 3.000. Estos precios los fija el dueño de las mismas cuando las deposita en la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Si ahora quisiera recuperarlas, tendría que pujar por ellas, pagando antes una fianza del 25% del precio, y luego, si se le adjudica, el total de la cantidad fijada. Por lo general, si el dueño marcó un precio de un euro, lo hizo por darle un mínimo valor simbólico, mientras que si fijó un precio elevado fue seguramente porque no tiene intención de deshacerse del arma y ha tenido que depositarla en la Guardia Civil por cualquier motivo.

La subasta funciona de la siguiente manera, según explica el subteniente Juan Morón, jefe de la Intervención de Armas. Durante los días de exposición pública de las piezas, las personas que estén interesadas en ellas pueden verlas en la sede de la Guardia Civil en Montequinto. Durante esta semana se han alcanzado y superado en varios días las mil visitas, muestra del interés que estas armas suscitan entre los aficionados a la caza de la provincia. La exposición y la posterior subasta han tenido antes publicidad, puesto que toda la información sobre el proceso se ha publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el de la Junta de Andalucía (BOJA).

Una vez en el cuartel de Montequinto, los visitantes se encontrarán con que están todas las armas catalogadas, identificadas con un número de lote, el precio impuesto por el propietario y la fianza que debe ingresar en Hacienda si quiere pujar por el arma, que corresponde al 25% del precio total. Si quisiera hacerse con un arma en concreto, tendría que ir con un documento de la Intervención de Armas y pagar la fianza en Hacienda. Una vez pagada esta cantidad, volvería a la Guardia Civil y escribiría en otro documento la cantidad que ofrece. Ese papel se introduce en un sobre lacrado que se abrirá el día 28 en la subasta pública.

Si hubiera dos personas que pujan por la misma arma, se la llevaría el que ha ofrecido una cantidad más alta. Si los dos hubieran ofertado el mismo dinero, la Guardia Civil se pondría en contacto con ambos y volverían a repetir el procedimiento; es decir, volver a escribir una nueva cantidad que los agentes del instituto armado abrirán después en público. El arma, obviamente, sería para quien ofreciera una cantidad mayor.

Por su experiencia en subastas anteriores, el subteniente Morón vaticina que sólo se adjudicarán en la subasta entre un 10% y un 15% de las armas que salen a concurso. El resto se destruye. Este proceso de destrucción de las armas se conoce como achatarramiento. Nada tiene que ver este vocablo con que las escopetas terminen en una chatarrería al alcance de cualquiera que busque en uno de estos negocios. Lo que en realidad se hace con ellas es fundir el metal; es decir, el arma desaparece por completo, se elimina.

Aquellas que se salven del achatarramiento -es decir, las que hayan sido adjudicadas en la subasta- se enfrentan después a otro proceso casi tan laborioso como el previo. Quienes hayan pujado por ellas no se la llevan directamente a su casa el día de la subasta, sino que ahora arranca un procedimiento para cambiar la guía de pertenencia del arma. Esto es, hacerle un nuevo DNI a la escopeta o a la pistola, para que quede incluida en los registros tanto el arma como su nuevo propietario. 

Todas las armas que salen a subasta son legales. No se incluyen aquí aquellas que han sido intervenidas en operaciones policiales, puesto que éstas se encuentran a disposición judicial. Están almacenadas en la Intervención de Armas, pero separadas de las que tienen una procedencia legal, que son las que se sacan ahora. Para pujar en la subasta es necesario que el aspirante tenga no sólo licencia de armas, sino la licencia de cada tipo de arma en concreto. Es decir, alguien con un permiso para escopetas no puede adquirir una pistola.

Todo el proceso, desde que se monta la subasta hasta que las armas adjudicadas acaban en manos de los nuevos dueños, puede prolongarse unos seis meses. Por estas gestiones la Guardia Civil no percibe ni un sólo euro. Ni por este trabajo ni por mantener almacenadas las armas de terceros durante años. 

Es más, al instituto armado una subasta como la que se celebra el día 28 le cuesta el dinero, puesto que previamente se han tenido que enviar cartas certificadas y con acuse de recibo a todos los propietarios informándoles de que sus armas van a salir a subasta. Y a unos cinco euros cada carta con acuse de recibo, multiplicado por 1.300, la cuenta es sencilla: 6.500 euros le cuesta a la Guardia Civil -al Estado, en definitiva- el proceso de la subasta. Por no hablar del coste en recursos humanos que supone tener a varios guardias etiquetando e identificando cada arma, un trabajo que se está llevando a cabo desde marzo.