El presidente del Consejo de Cofradías busca liquidez. Carlos Bourrellier planteó la noche del pasado lunes, en el seno de la junta superior, una reforma del reglamento de sillas y palcos para imponer una tasa a los abonados que deciden renunciar por un año a sus derechos. La propuesta del presidente consistía en el cobro de un 5% del precio a los abonados que optan por esta modalidad, alegando la necesidad de cubrir los gastos que supone para la institución la puesta en marcha del mecanismo por el cual se ofrecen esos asientos a otras personas por una sola Semana Santa. Se trataba de reformar tres artículos de este reglamento, aprobado en 2002 de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y la organización de consumidores y usuarios Facua. Ocurre que ni las autoridades municipales ni representantes de los consumidores tenían constancia el lunes de los planes del presidente, que afectan -no se olvide- a la explotación de un suelo público que el Ayuntamiento cede cada año a las hermandades.

Ninguno de los consejeros asistentes a la junta superior -en la que se eligió al pregonero de las glorias de 2014- apoyó la iniciativa del presidente. Ni siquiera el delegado del Domingo de Ramos, el abogado Francisco Vélez, a quien Bourrellier pidió asesoramiento jurídico para la redacción de la reforma de los preceptos.

El actual equipo rector del Consejo ya intentó aprobar una subida de los precios de la carrera oficial en el pleno de Penitencia con el que se cerró el pasado curso, una propuesta rechazada por los hermanos mayores, que consideraron que en la actual cricis económica no se debían aumentar unas tarifas que ya de por sí se han disparado en la última década. Los cálculos del tesorero, Tomás Vega, se rompieron tras ese pleno, por lo que se han buscado otras fórmulas para garantizar los ingresos de la institución. Vega, que no acudió a la sesión del lunes al estar fuera de Sevilla, pretende evitar la caída de ingresos que supuso las cerca de dos mil sillas que finalmente se quedaron libres la pasada Semana Santa.

El rechazo a la propuesta fue tan generalizado que ni siquiera se sometió a la votación de los consejeros presentes. Las prisas del presidente por sacar adelante esta nueva tasa se debe a que el proceso de renovación de abonos se activa en cuanto pasan las fiestas navideñas, por lo que se requería tener la reforma aprobada con tiempo suficiente para su elevación al Ayuntamiento de Sevilla y a la organización de consumidores, las dos instancias con las que se consensuó el reglamento hace más de una década.