El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el decreto ley de reordenación del sector público andaluz. Los populares presentaron a finales del pasado mes de octubre su recurso contra el "decretazo", al considerar que supone un "atropello y vulneración" de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía que, además, pretende perpetuar en la Administración a quienes han entrado en ella por el "amiguismo y enchufismo" del PSOE.

En realidad, el texto recurrido por los populares no llegó a entrar nunca en vigor, toda vez que el decreto fue posteriormente modificado al incluirse los cambios pactados entre el Gobierno autonómico y las centrales sindicales UGT y CCOO. El documento definitivo fue publicado en el BOJA el viernes pasado.

El Gobierno andaluz se apresuró a recordar ayer mismo que la admisión a trámite del recurso presentado por el PP "no es más que una respuesta formal y procesal" al propio recurso. "Siempre se admiten, a menos que haya graves defectos de forma en su redacción", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

El recurso se formalizó contra el decreto 5/2010, que la pasada semana se remozó con las aportaciones en materia de personal de CCOO y UGT. El nuevo decreto 6/2010 sigue acaparando la actualidad política y ayer fue una de las armas utilizadas por PSOE y PP, para acusarse mutuamente de desprestigiar el sector público andaluz.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que estuvo acompañada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y una decena de diputados andaluces, denunció que con este recurso se pretende "defender el derecho de todos aquellos que con su mérito y capacidad han trabajado para obtener puesto en la función pública".

A la entrada por la puerta de atrás de los 20.000 "enchufados" de las empresas públicas, el PP sumó la externalización de servicios que acomete la Junta con empresas externas, lo que a juicio de la portavoz popular a nivel regional, Rosario Soto, es una muestra de que la Junta de Andalucía "no tiene límites" en su "abuso" en las contrataciones externas. Soto criticó que la Junta "desoye" la advertencia realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en torno a esta cuestión. La portavoz popular expuso que esto es un "capítulo más" de los "continuos desprecios" del Gobierno andaluz y de su presidente, José Antonio Griñán, hacia los funcionarios, si bien, destacó que estos desprecios están teniendo su respuesta en la calle, en referencia a las manifestaciones que se vienen produciendo contra la Junta en las últimas semanas.

La presidenta y portavoz del PSOE andaluz, Rosa Torres, dijo que espera conocer la postura del PP sobre la reforma del sector público porque, según expuso, "llevan demasiado tiempo cruzados de brazos" y sólo han servido de "caja de resonancia y de megáfono a los ruidos, a los silbidos, a las pitadas, a los abucheos que se puedan llevar a cabo en la calle".

El coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, emplazó ayer a la Junta y al PSOE a que "abandonen la palabrería" y marquen un calendario de negociación para aportar propuestas al remozado decreto en vía parlamentaria.