La reordenación del sector público sigue coleando y a pesar de que el Gobierno andaluz ya ha abierto la puerta hace una semana para su debate parlamentario para principios de 2011, el PP quiere anticiparse con una iniciativa para el pleno de la próxima semana. Como paso previo a esta reorganización, planteará vía proposición no de ley que se realice una auditoría independiente sobre el funcionamiento y gestión de las empresas públicas, fundaciones y entidades asimiladas. El PP sugiere que el informe resultante sea la base para consensuar la reforma.

Con este análisis, según detalló ayer la portavoz popular en el Parlamento, Esperanza Oña, lo que se persigue es que un grupo de expertos de prestigio indique el funcionamiento "de algo que se ha desmadrado y que está absolutamente engordado de manera ficticia e interesada", saber de la gestión y el coste que tiene este entramado de empresas públicas y sus resultados.

Siguiendo con la tesis de la derogación del decreto aprobado la pasada semana, en esta proposición no de ley el PP insistirá en esa línea, reclamando al Ejecutivo autonómico que establezca los cauces para el diálogo político u sindical.

Mientras se deroga o no el decreto, y mientras se aprueba la ley que lo sustituirá, el PP mantiene la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional -el anterior admitido a trámite ya no es válido-. Este hecho tiene indignado al PSOE, cuyo portavoz parlamentario, Mario Jiménez, acusó a los populares de hacer una "utilización indecente" del TC por "motivos ideológicos y no de legalidad" y como si fuera una "tercera cámara". Sobre la negociación de la futura ley, el PSOE tienen abiertas las puertas a los sindicatos CCOO y UGT, con los que acordó el texto del decreto, y a los que se suman los sindicatos discrepantes como son Ustea, CSIF y Safja. Quienes no tendrán cabida en las conversaciones son las plataformas "fantasmas" de funcionarios surgidas, según Jiménez, a la sombra del PP.

Hasta que llegue este proceso, y mientras continúa el clima de crispación político y sindical, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer un esfuerzo a todas las partes para "serenar" a los funcionarios y propiciar el acuerdo. "Lo ideal sería un consenso entre todas las fuerzas políticas y los sindicatos, pero me temo que los vientos que soplan no son de consenso", apuntó, insistiendo en la necesidad de calmar el ambiente entre los funcionarios "que lo están pasando mal porque ven que su trabajo puede peligrar".