El azar ha querido que estos días el independentismo reivindique, una vez más, la vía quebequesa a la secesión, de modo que el lector tiene ante sí -la Historia dándose la mano con lo noticioso- la magnífica oportunidad de comparar las razones aludidas por el separatismo con la realidad jurídica a la que se enfrentan. Cataluña y Quebec. Las mentiras del separatismo, es un libro irreprochable en muy distintos ordenes, pero principalmente en aquella exigencia cartesiana sobre la que se sustenta el mundo moderno: la necesidad de que “lo claro y lo distinto”, de que los hechos y su orden nos permitan comprender el mundo circundante. Advirtamos al lector que quien firma estas páginas no solo ha sido embajador en el Canadá en los días cruciales de la Ley de la Claridad; también fue director general de Política Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos en el año 82 y profesor ayudante en la Cátedra de Derecho Internacional de la Complutense. Es decir, que José Cuenca Ayala posee un conocimiento privilegiado sobre el asunto que aquí se trata.

El procés ha consistido en una larga vulneración de la legalidad democrática, a sabiendas de la gravedad del delito

Hemos de advertir al lector de que en Cataluña y Quebec... no va a encontrar una diatriba contra el catalanismo, y sí un riguroso análisis del proceso quebequés y su comparativa jurídica -nacional e internacional- con el golpe de Estado independentista de octubre de 2017. Quiere decirse, pues, que en la primera parte del libro el lector conocerá tanto las peculiaridades del caso canadiense (su legislación permite convocar referendums secesionistas), como la consecuencia real que tales convocatorias tuvieron para Quebec: la fuga de empresas y la decrecimiento económico. En el caso de Cataluña, como sabemos, las consecuencias fueron idénticas (acaso más dañinas), pero con una diferencia mayúscula: la Constitución española, como la francesa, la alemana, la estadounidense, etcétera, no autorizan la fragmentación del territorio nacional. Con lo que el procés ha consistido en una larga vulneración de la legalidad democrática, a sabiendas de la gravedad del delito y conociendo, en el espejo canadiense, los perjuicios económicos que traería para Cataluña su ensoñación xenófoba. A esto debe añadirse la reiterada ignorancia, por parte de los separatistas, de las advertencias europeas que recuerdan los daños inmediatos que le reportaría, a la Cataluña independiente, salir de la UE.

Todos estos graves obstáculos legales a los que se enfrenta el separatismo catalán no lo han disuadido, sin embargo, de fingir una suerte de legitimidad anaerobia que le exime, al parecer, del cumplimiento de las leyes. Incluso la radical diferencia entre las leyes canadienses y las españolas y europeas no han sido suficientes para que dejen de apelar, una vez más, al ejemplo quebequés. Sin embargo, Quebec es un ejemplo meridiano de lo contrario. No en vano, la Ley de la Claridad, impulsada por el gobierno canadiense, retrajo de inmediato el cantonalismo. Y ello por una cuestión elemental: mediante esta ley, se exigía a los promotores del referéndum claridad en la pregunta, claridad en la respuesta y la inmediata negociación posterior sobre los términos y aspectos afectados por la separación. Esto es, se obligaba a la población a conocer las consecuencias reales de su decisión, muy alejadas de la vaguedad esencial con que se construye cualquier secesionismo (“la música no se refuta”, decía D'Ors refiriéndose a la lírica abrupta e inasible de Sabino Arana).

Si cupiera poner algún reparo a este Cataluña y Quebec..., es que su autor cree que existe un catalanismo moderado que encauzará el desastre obrado por el independentismo. Lo cual, a día de hoy, no resulta visible. Por lo demás, este ensayo del embajador Cuenca es una exposición ponderada, lúcida y exhaustiva de la situación, en Cataluña y en Quebec, de donde el autor extrae útiles enseñanzas, si el Gobierno de la nación tuviera voluntad de aplicarlas. Se trata, como digo, de una obra de enorme valor didáctico y claridad ejemplar, que atiende al derecho comparado, al derecho internacional, al Tratado de la Unión, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y a la normativa de la ONU, y donde la última escaramuza del independentismo queda reducida a su verdadera naturaleza, golpista y retardaria, hija de una ensoñación funesta.