La FIFA ha anunciado a través de un comunicado la dimisión de Joao Havelange de su cargo como presidente honorario de la FIFA, dando así por finalizado el caso ISL, el cual estudiaba el posible tráfico de influencias de dirigentes de la FIFA con dicha compañía para obtener los derechos televisivos de los mundiales. 

Además de la dimisión de Havelange, con fecha del pasado 14 de abril, también se ha producido la de Nicolás Leoz como miembro Comité Ejecutivo de la FIFA, miembro de las comisiones permanentes de la FIFA y presidente de la Conmebol, de modo  que "resultan superfluas otras medidas o propuestas", tal y como explica la Comisión de Ética de la FIFA en el dictamen del caso.  Del mismo modo, Hans-Joachim Eckert, presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética, reitera en el comunicado que dan por concluida la investigación por lo que "no es necesario incoar otros procedimientos en el caso ISL contra otros funcionaros del fútbol".  El actual presidente la FIFA, Joseph Blatter, ha dado a conocer también sus impresiones del dictamen de la investigación, la cual ha leído "con satisfacción" ya que confirma que su comportamiento no puede calificarse "de ningún modo con respecto a las normas éticas". 

"Estoy convencido de que la FIFA, gracias al proceso de reformas de su gobernabilidad, que yo mismo he propuesto, dispone ahora de mecanismos y herramientas adecuados que ayudarán a evitar que un caso de tal naturaleza que ha empañado la imagen de nuestra institución vuelva a ocurrir", explica. En 2010, la BBC hizo publica una información por la cual la empresa ISL, quebrada en 2001 y socia comercial de la federación, sobornó a varios de los miembros de la FIFA a cambio de concesiones de contratos de televisión y derechos de patrocinio durante los Mundiales de los 90.

Para esclarecer lo ocurrido, Blatter ordenó un crear una comisión de investigación la cual esclareció que Joao Havelange, anterior presidente de FIFA, el e presidente de la Confederación Brasileña (CBF) Ricardo Teixeira, el paraguayo Nicolás Leoz y el expresidente de la Concacaf Jack Werner habrían accedido a dichas concesiones. El delito, aún así, nunca tuvo castigo en los tribunales porque consiguieron que las investigaciones del fiscal suizo archivaran el caso a cambio de un pago de cinco millones de euros.