La demanda civil presentada por 17 accionistas béticos el pasado 22 de mayo, que ponía en cuestión la propiedad del 31,38% de las acciones de Farusa, continúa su curso y ayer el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla emitió un auto por el que estimó las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, en lo que significa un nuevo varapalo a Manuel Ruiz de Lopera. Y es que con esta decisión, si se alzaran las medidas impuestas por el Juzgado de Instrucción número 6, cuando la juez Mercedes Alaya colocó la administración judicial que hoy impera en el Betis, automáticamente entrarían en vigor las del Juzgado de lo Mercantil, que nombraría un nuevo administrador judicial impidiendo un hipotético regreso de Lopera.

La consecuencia inmediata es que esta decisión supone un doble dispositivo de seguridad sobre las acciones de Farusa, dispositivo que impide que Lopera vuelva a disponer del accionariado de Farusa totalmente, o en un porcentaje que no le permitiría volver a tomar el control de la sociedad. El otro es que el Juzgado de lo Mercantil abre la puerta a la investigación de la presunta ilegalidad de la titularidad de buena parte de las acciones que Farusa manejó durante 18 años

El auto de la juez viene precedido de la vista que se produjo entre las partes el pasado 29 de junio y en el que la defensa de Lopera, con un numeroso equipo de abogados presente en el despacho, no acreditó el pago de esas 30.869 acciones, sino que pidió el rechazo de las medidas cautelares solicitadas por los demandantes atendiendo a las ya existentes en el club. La juez María Dolores Cuesta, que es quien firma esta resolución, no lo ha entendido de esta manera y sí ha colocado esa especie de administración suplente para ese porcentaje de las acciones para el caso de que la labor de José Antonio Bosch tuviera que finalizar. De esta forma, si se retirase la administración judicial decretada en su día por la juez Alaya, Farusa sólo controlaría el 19% del accionariado.

Además, con esta decisión del Juzgado de lo Mercantil, Lopera no puede disponer de ese porcentaje de las acciones, lo que significa que no podría venderlas, al existir indicios de que efectivamente no las pagó, con lo que se abre una vía judicial distinta a la que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 6.

"La decisión es trascendental para el futuro del Betis, ya que acoge las medidas cautelares que se habían pedido. Por un lado, se prohibe al señor Lopera disponer o vender las acciones en discusión, en torno a un 30%. Por otro, en el caso de que se levantaran las medidas cautelares del Juzgado número 6, automáticamente se abriría esta medida cautelar que intervendría judicialmente las acciones de Lopera y se prolongaría el régimen actual del Betis", manifestó ayer Miguel Cuéllar, presidente de la Fundación Heliópolis, que resaltó la trascendencia de la decisión conocida ayer: "Cuando un juez adopta una decisión de este calibre es porque ve indicios sólidos de que efectivamente nunca se llegaron a pagar las acciones en discusión. De todas formas, toda medida cautelar implica que cabe recurso ante este auto y ya se verá lo que dice la Audiencia".

En la misma línea se pronunció Adolfo Cuéllar, presidente de la Liga de Juristas béticos, que ahondó en las cuestiones planteadas por el Juzgado de lo Mercantil y su repercusión en la actualidad del club: "Para la juez queda claro aparentemente que no se desembolsó la cantidad que se dice el 30 de junio de 1992. Hay indicios de que eso es así aparentemente. Quien tenía la posibilidad de demostrarlo era la defensa de Lopera. Hubiera bastado aportar un documento del banco diciendo que el ingreso se había producido y eso no quedó claro en el acto de la vista. Se llegó a decir de una manera muy expresiva: enseñe usted el papelito del ingreso del dinero, estamos hablando de 300 millones".

Adolfo Cuéllar analiza las consecuencias que podría tener en el presente de la entidad. "Con esta resolución y una vez que se aporte la caución, si el Juzgado número 6 decide levantar las medidas cautelares, entrarían en vigor éstas, serían sustitutorias y la juez nombraría a otro administrador judicial, que podría ser el señor Bosch o una persona distinta", apuntó Cuéllar para agregar que por ahora no cambia la situación del actual administrador único de las acciones de Farusa: "Sigue siendo el administrador judicial y sólo si se alzara esa medida desaparecería la intervención judicial del señor Bosch Valero y entrarían en vigor las medidas del juez de lo mercantil y se nombraría a otro administrador".

En el punto que señaló Adolfo Cuéllar sobre la caución colocada por el Juzgado de lo Mercantil, para que entren en vigor estas medidas cautelares los demandantes deben aprovisionar un 10% del valor nominal de las acciones intervenidas, unos 221.582,69 euros, y no los 20 millones que solicitaba la defensa de Lopera.