El informe pericial solicitado por Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que sigue la causa contra Manuel Ruiz de Lopera, ha concluido. Francisco Velasco Cano y Julia Contreras Valle finalizaron la segunda parte del mismo, cuatro años después de que se abrieran las diligencias contra el máximo accionista de la entidad el 5 de junio de 2008.

El informe, que comprende básicamente la actividad del Betis cuando fue controlado por Encadesa, empresa bajo el control de Lopera, entre los años 1999 y 2008, arroja un perjuicio económico para el club de 17 millones de euros, a los que habría que sumar los 12,4 de los ejercicios comprendidos entre los años 1993 y 1998, cuando era Tegasa la presunta beneficiaria, ya que el informe concluye asegurando que fue el Betis el que financió a las empresas de Lopera y no al revés, como éste siempre aseguró.

Los dos inspectores de Hacienda dicen que el balance es "claramente favorable" a Manuel Ruiz de Lopera, ya que los ingresos obtenidos por Encadesa "son superiores a los reconocidos a favor del Betis en 82.916.550 euros". Con todo, al deducir los gatos asumidos por las empresas de Lopera -Tegasa tiene una mínima incidencia en el período analizado-, el saldo favorable para el máximo accionista es de 11.322.522 euros. A esta cantidad se le añaden 4.842.559 euros de rendimientos financieros, 591.017 euros de otros ingresos de la actividad deportiva, 177.556 euros de intereses de demora por el retraso de unos pagarés y unos costes de personal de Encadesa no vinculados a la actividad deportiva y cifrados en 128.170 euros. Así, el total sería de 17.061.825 euros, según los peritos, a los que añadir los 12,4 millones del primer período para una cantidad aproximada de 29,5 millones de euros.

El informe, de 244 folios, sostiene como corolario que "los contratos denominados de arrendamiento y prestación de servicios" entre el Betis y las empresas de Lopera, supusieron ese beneficio para él y "viene a contradecir el principio invocado como fundamento de tales contratos: garantizar la viabilidad y estabilidad económica presupuestaria del Real Betis, que no necesitaba esas garantías".

Ahora, se abre un panorama que pasa por la ratificación del informe por parte de los peritos ante la juez Alaya y en presencia de las partes, algo que difícilmente se producirá antes de septiembre. También se presume que los abogados de Lopera, al igual que hicieron en mayo de 2010 con la primera parte del informe, presentarán unas alegaciones técnicas o contrainforme.

Así, teniendo en cuenta que restan imputados en el caso por declarar y alguna prueba documental o testifical que pudieran solicitar las partes, aún restan unos meses para que Alaya dicte el más que presumible auto de procesamiento y aproximadamente un año para que la Audiencia de Sevilla, una vez las partes y el fiscal hagan su calificación provisional, pueda proceder a la apertura de un juicio por apropiación indebida contra Lopera.