El concejal de Participación Ciudadana de Dos Hermanas, Juan Antonio Vilches (PSOE), aseguró ayer que los servicios jurídicos municipales están estudiando ya otra fórmula para mantener el "nivel de participación" e "implicación" de las asociaciones de vecinos en la conservación y limpieza de sus barrios, después que el Consejo Consultivo de Andalucía haya determinado, en un dictamen no vinculante, que el sistema de convenios y subvenciones directas "no se ajusta a los límites" de la Ley de Contratos Públicos y la Ley General de Subvenciones y esas tareas son competencia directa de la administración local, para la que ya tiene otros servicios contratados.

El Ayuntamiento venía asignando, sólo en función del número de viviendas y sin que antes presentaran un proyecto o hubiera concurrencia pública, una cantidad de dinero a cada una de las 13 asociaciones de vecinos con convenio, por un total de 649.000 euros, según la partida prevista en el presupuesto de 2017. Se implantó, según Viches, a demanda de las propias asociaciones, a partir de 1994. Ese dinero se destina a tareas de mantenimiento de espacios urbanos comunes y zonas libres que deciden las propias asociaciones, pero para las que cuentan luego también con apoyo de los servicios municipales. A final de año, tienen que presentar un informe y las facturas, que se fiscalizan, insiste el edil. Como ejemplo, Vilches recuerda que recientemente una asociación optó por arreglar el cañizo de un placita del barrio. Una especie de presupuesto participativo, pero que no termina ejecutando el Consistorio.

Pese a las dudas, el PSOE sigue considerando que se trata de un buen sistema, por el que municipios de otros países se han interesado y con el que se logra una implicación real de la asociaciones con el entorno. El dictamen no tiene efectos retroactivos y "no se ha cometido ninguna ilegalidad", según el edil. Pero las subvenciones, que se pagaban trimestralmente y de las que sólo se ha abonado el primer plazo, han quedado en suspenso hasta que se halle otra fórmula. El gobierno local elevó esta pregunta al Consultivo después de que los grupos de IU, Ciudadanos y Sí Se Puede plantearan sus "dudas" sobre la legalidad de estos convenios a raíz de la nueva ley sobre subvenciones, del año 2013. Aun así, se mantuvo en el presupuesto.

El Consultivo considera que "la ordenación y prestación de los servicios básicos de recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria, entre otros, se reconoce como competencia propia de los municipios" y el Ayuntamiento tiene un contrato en la materia. Además, dictamina que los "convenios no responden a la delimitación que pretende establecer el legislador, evitando la confusión entre los convenios de la Administración con sujetos privados y los contratos". "No se cumple el requisito previsto en el artículo 2.1.a) de la Ley General de Subvenciones, esto es, que la entrega (de la subvención) 'se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios". Los convenios, concluye, "no se ajustan a los límites impuestos por la normativa reguladora de los convenios entre la Administración y las entidades de derecho privado, así como por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Subvenciones".